Los
datos son fríos y evidentes, y han sido expuestos por diversas autoridades y
expertos. Así, por ejemplo, la ministra Ana Pastor, en comparecencia
parlamentaria en el mes de mayo: según los últimos datos del Censo de 2011,
España tiene un parque de 25.208.623 millones de viviendas, de las que más de 5
millones tienen más de 50 años y más de 8,5 millones tienen entre 30 y 50 años;
además, todas ellas con un alto grado de ineficiencia energética pues cerca del
60% se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia. A lo que se
añade que existen 83.532 viviendas en edificios ruinosos, 265.788 en mal estado
y 1.380.531 en estado deficiente. Sin olvidar que en las ciudades con más de
20.000 habitantes, “tenemos 624 barrios catalogados como vulnerables por sus
malas condiciones de calidad de vida y habitabilidad, en los cuales viven más
de 4 millones de personas”, detallaba Pastor.
En
este sentido, además de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y del
entorno urbano, a nadie se le escapa que existen otros beneficios para impulsar
la rehabilitación de edificios y viviendas: el impulso a la actividad económica
y la generación de empleos.
Algunos
organismos e instituciones especializados han estimado que por cada millón de
euros invertido se podrían generar 18 nuevos empleos directos y que la inversión
pública que se destina a la rehabilitación genera un efecto multiplicador de la
inversión privada en tres y cuatro veces. En términos de empleo, esto significa
que por cada millón de euros públicos invertido en políticas de rehabilitación se
generarían unos 54 empleos directos.
Regulación específica
Por
ello, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas legislativas que pretenden
reactivar y potenciar la parcela de la rehabilitación de edificios y viviendas:
– La Ley
de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas,
que entró en vigor el pasado 6 de junio, cuyo objetivo principal es facilitar
los acuerdos entre el propietario y el inquilino a la hora de alquilar una
vivienda, con el claro objetivo de primar el alquiler frente a la compra.
– El nuevo Plan
Estatal de Vivienda 2013-2016, que el Gobierno aprobó el 5 de abril y que
contará para ese período con un monto de 2.421 millones de euros como aportación
del Estado, orientado a apoyar el alquiler y la rehabilitación de las
viviendas.
–
En relación con esta última actuación, el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se regula el
procedimiento básico para la certificación
energética de los edificios, que es obligatoria desde 1 de junio de este
año.
– La
Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, publicada en el BOE el día 27 de junio y que, entre
otras novedades, aprueba la creación del nuevo Informe de Evaluación de los
Edificios (IEE), que será obligatorio para edificios en bloque de más de 50
años y exigible a partir del año 2019, derogando la anterior Inspección Técnica
de Edificios (ITE).
Reportaje completo en el número 3 de Cuadernos de Material Eléctrico.
