En este último post del año quiero poner el foco en una deficiencia de la que el país viene adoleciendo desde el siglo XIX: la lentitud misteriosa de los procesos administrativos, sobre todo en las Administraciones Públicas. Las palabras del titular nacen de una afortunada expresión del escritor Montero Glez –“estreñimiento patológico administrativo”– porque parece que los “intestinos burocráticos” se atascan con determinados papeles y gestiones, como muchos ciudadanos han sufrido en sus carnes desafortunadamente.
En el sector energético, y más en concreto, en las energías renovables, una demanda reiterada de los representantes de numerosas organizaciones es la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos. Al decir de instaladores, firmas EPC (Engineering, Procurement and Construction), asociaciones y otros agentes, son farragosos y complejos.
Así lo pusieron de manifiesto algunos de los directivos que participaron en el VII Foro Solar de UNEF, celebrado a finales de octubre de este año. De acuerdo con las conclusiones de este evento, tanto si se trata de plantas en suelo como de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, es preciso facilitar los trámites para llevar a cabo este tipo de proyectos.
Autoconsumo, autonomías y ayuntamientos
En este contexto, no pocos expertos opinan que es necesario también acabar con las diferencias entre comunidades autónomas en el marco regulatorio para simplificar aún más los trámites de las instalaciones.
Hay regiones que han realizado una apuesta decidida por impulsar el autoconsumo y han diseñado una regulación más favorable; es el caso de Baleares, Cataluña, Extremadura o Andalucía, mientras que en otras los procedimientos son algo más arduos.
Por otro lado, los ayuntamientos constituyen otro de los elementos que estriñen el normal caudal de proyectos y dificultan su normal puesta en marcha. El abultado número de trámites y “la consideración de obra que se le da a la instalación de placas fotovoltaicas”, así como los diversos impuestos y tasas que se derivan de estas instalaciones, son factores que disuaden a muchos ciudadanos interesados –y empresas–. Así lo explicaba José Miguel López, administrador de la firma castellano-manchega Atersol, en declaraciones recientes a la emisora COPE.
La comunicación previa podría sustituir a la licencia de obras; esta licencia es un “trámite que no se ajusta a la naturaleza de una instalación sobre cubierta”, han denunciado desde UNEF, lo que supone además un impacto en el coste de la instalación. Sea por gracia de los consistorios o de las comunidades, los plazos para instalar paneles solares exceden, muchas veces, los seis u ocho meses.
Freno a la recarga de vehículo eléctrico
Es evidente que todas estas trabas no hacen sino dificultar y frenar la adopción de tecnologías como las del autoconsumo. Los ciudadanos ven complicado el sumarse a esta corriente si los ayuntamientos solo consideran esta actividad como otro ámbito para hacer caja. Sería preciso algún tipo de laxante simbólico para desatascar la situación.
El ámbito de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos también sufre los sinsabores de la burocracia “despistada”. Y se da la paradoja de que los operadores interesados en instalar y operar los puntos de recarga se encuentran dificultades que parten, principalmente, de las administraciones públicas que, “por otro lado, son las que reclaman ese despliegue”, ha criticado Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.
Pérez de Lucia ha señalado también que los operadores de recarga se enfrentan a dos barreras. Por un lado, la obtención de los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras y, por otro, la autorización y criterios que dependen de cada ayuntamiento. El citado organismo de carreteras puede demorar su respuesta incluso seis meses o más, mientras que –una vez más– ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con normativas y/o criterios distintos a la hora de dar el visto bueno a la instalación de puntos de recarga.
En fin, lo ya sabido. Cada uno quiere mandar en su negociado con sus normas particulares sin tener en cuenta si eso ayuda, dificulta o entorpece la actividad económica.
La actitud de las compañías eléctricas
Pero no podíamos dejar de omitir en este texto a las comercializadoras energéticas. Los instaladores vienen quejándose desde hace mucho tiempo de las complicaciones que se les presentan a la hora de tramitar los boletines de las instalaciones eléctricas y otras diligencias: retrasos, trabas, expedientes extraviados, etc. Numerosas asociaciones del colectivo cuentan desde hace tiempo con grupos de trabajo para minimizar en lo posible este aspecto.
La digitalización debería ir enfocada en buena parte a solventar esta problemática, pero parece que sigue produciéndose con frecuencia. En años recientes, además, la propia compañía eléctrica ponía trabas a la instalación de autoconsumo o de recarga de vehículo eléctrico al no estar en su panoplia de servicios, que hoy, en cambio, sí ofrecen. Algunas comercializadoras independientes también reproducen estas conductas con ciertas trabas en sus procesos.
Por favor, si alguien conoce la receta para este estreñimiento administrativo, se admiten remedios y sugerencias.
Les deseo unas felices fiestas en este año tan atípico, con mucha salud. Celébrenlas con prudencia y alegría. Nos vemos en 2021..
PD: Para los curiosos, la obra de Montero Glez donde se recoge la expresión “estreñimiento patológico administrativo” es la novela “Sed de champán”, historia que se centra en personajes de los márgenes canallas de la ciudad.
El artículo correcto en el momento adecuado. Gracias.