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Multas a las compañías energéticas: ¿sirven para algo?

Por Miguel Ángel Jiménez

“En un mundo ideal, una persona no debería dedicar ni diez segundos a gestionar los problemas de su compañía eléctrica, la operadora de telecomunicaciones, su banco o aseguradora”; con estas palabras Pedro Serrahima, actual máximo responsable de O2 España, le contaba a este periodista en 2016 –cuando aquél ocupaba el cargo de director general de Pepeenergy– su visión del sector de las comercializadoras de energía, un ámbito muy regulado y donde la competencia efectiva es harto difícil.

Pedro Serrahima, director general de Pepeenergy en 2016, criticaba la escasa competencia en las comercializadoras de energía.
Pedro Serrahima, actual máximo responsable de O2 España, en una entrevista en 2016, cuando ocupaba el cargo de director general de Pepeenergy, comercializadora eléctrica.

Recuerdo ahora esta reflexión porque la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha impuesto solo en los últimos dos meses varias multas a Endesa Energía –hasta en cuatro ocasiones–, Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa), Iberdrola y EDP Energía por incumplir las condiciones de contratación del suministro eléctrico y las medidas de protección al consumidor. La más cuantiosa ha sido la sanción incoada a Naturgy por un importe de 1,2 millones de euros (por infracciones en los contratos de gas), a mediados de marzo de este año; pero en este terreno las grandes comercializadoras son reincidentes. Como dato adicional, estas compañías sumaron 1,13 millones de reclamaciones de consumidores en el ejercicio de 2017.

Sin embargo, la reflexión continúa porque estas multas son apenas calderilla si se comparan con los beneficios que consiguen estas corporaciones. Puede parecer una afirmación demagógica, pero lo cierto es que estas sanciones son recurridas por los rutilantes equipos de abogados de estos grupos que, analizando y rebuscando con lupa una legislación que se conocen al dedillo, consiguen finalmente echar para atrás o anular estas penas, en unos litigios judiciales que se pueden alargar durante varios años. Es decir, la infracción acaba mereciendo la pena, sale rentable.

La legislación del sector eléctrico es compleja y los litigios de la CNMC con las eléctricas se alargan varios años.
La legislación del sector eléctrico, tal como está concebida, beneficia a las grandes comercializadoras de energía.

Indefensión del consumidor

En este sentido, recientemente el diario El País informaba que la CNMC recauda solo el 25 % de las multas impuestas entre 2000 y 2012 a las comercializadoras de energía (25 euros de cada 100). Defectos de forma, procedimientos incorrectos o retrasos suelen servir para que las multas se anulen al final del proceso en tribunales superiores. El organismo de la Competencia demanda cambios legislativos –que hasta ahora benefician claramente a las eléctricas– y más recursos económicos y humanos para que las multas provoquen de verdad un efecto disuasorio para impedir las malas prácticas de estas corporaciones, que se repiten año tras año.

De hecho, la CNMC ha lanzado varias alertas informando que las compañías eléctricas están cambiando los contratos de manera unilateral o modificando los precios pactados, entre otras prácticas nocivas bastante extendidas, en especial por el incremento continuado del precio de la electricidad. La situación de vulnerabilidad e indefensión de los usuarios es mayúscula.

Como es lógico, las organizaciones de consumidores vienen protestando desde hace varios años por estas conductas, con escaso éxito lamentablemente, aunque al menos se ha logrado suprimir el denominado sistema “puerta a puerta” para captación de clientes, a través del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre.

El mercado eléctrico, un ámbito hostil

No extraña, por tanto, que el mercado eléctrico se describa como “hostil para los consumidores”, según la OCU, además de complejo y difícil de desentrañar. La solución sería introducir modificaciones en la legislación para incrementar al máximo la transparencia en las condiciones de contratación de un suministro básico para los hogares –y uno de los principales costes de empresas e industrias– , aunque me temo que estas medidas no se vislumbran a corto plazo. Algunos especialistas en la materia también han sugerido como otras vías de solución unas multas de mayor cuantía y otra clase de sanciones, como no poder contratar con las Administraciones Públicas.

Retornando a Pedro Serrahima, nuestro tiempo deberíamos invertirlo en tareas más provechosas que analizar el recibo de la luz, que, al decir de numerosos expertos, está diseñado para que sea complicado de entender. Si existe una relación transparente y de confianza entre un consumidor y la compañía suministradora, estos problemas se podrían reducir al máximo, pero aquí la gran corporación lleva la voz cantante.

Así que se admiten sugerencias para este quilombo, como diría un amigo argentino, ventajosas para ambas partes.

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VANESSA CRISANTO
VANESSA CRISANTO
22/04/2021 23:22

Es un problema mundial; se ve en todos los países: los usuarios no conformes con la empresa eléctrica. Es algo de nunca acabar, por ello muchos optan a otras opciones como paneles solares.

¡Saludos desde Perú!

Javi
Javi
03/04/2019 14:35

Muy de acuerdo con tu reflexión, Miguel Ángel.

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