Lo vivido ayer en el Congreso -nuevo nombre de la Cámara baja tras el cambio reglamentario que sí salió aprobado- ha sido otro capítulo bochornoso que la sociedad (y la economía) española no deberíamos sufrir y que, lamentablemente, se suma a una larga lista de votaciones fracasadas que certifican la debilidad del Gobierno, y por extensión, su incapacidad de llevar a buen término distintas medidas estratégicas que afectan de manera directa a los actores del sector eléctrico en particular, de la economía en general y, por supuesto, a los intereses de los ciudadanos.
Este martes pasado el Real Decreto Ley 7/2025, conocido popularmente como el “decreto antiapagones” ha vivido su blackout particular y ha visto como los votos en contra de Partido Popular, Vox, Podemos, Junts per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego y Unión del Pueblo Navarro, así como el voto del Diputado Jorge Pueyo (representante de la Chunta Aragonesista -integrado en Sumar) han dado al traste por 183 votos en contra frente a 165 votos a favor, las intenciones de la Ministra Aagesen de convalidar este nuevo decreto que incluía múltiples medidas dirigidas a mejorar el sistema eléctrico en nuestro país.
Esto se suma a lo ocurrido el pasado 16 de julio en Cataluña, donde el Govern de Salvador Illa (PSOE) se vio obligado a retirar del debate el Decreto 12/2025 que impulsaba el despliegue renovable, las instalaciones de almacenamiento energético y la resiliencia del suministro eléctrico en Cataluña, también por falta de consenso, en este caso con ERC y Comuns.
Tacticismo político por encima del interés general
Algo que ya no es nuevo en los tiempos que corren. Como ya ocurriera el pasado 22 de enero con el famoso “decreto Omnibus” que incluía entre otras muchas cosas la prórroga del Plan MOVES III para incentivar el desarrollo de la movilidad eléctrica, el Gobierno volvió a darse de bruces con la aritmética y vio como su megapaquete legislativo salía derrotado, en esa ocasión debido al no de uno de sus socios de investidura, Junts per Catalunya, que criticó “que el decreto se presentará sin suficiente negociación”. Obviamente detrás de esa crítica y de su correspondiente “no”, había otra estrategia clara por parte de los de Puigdemont… A ese no se sumaron también Vox y el Partido Popular.
En esta ocasión, son tres los socios de investidura que dan al traste con este nuevo RDL, liderados por Podemos y que viene acompañado por Junts per Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego, además del Diputado de la Chunta Aragonesista (integrado en Sumar). El capricho del tacticismo político coloca también en ese voto en contra -aunque por razones muy distintas- a Unión del Pueblo Navarro, Vox y al Partido Popular. La abstención de Vox o la del PP habría permitido la convalidación del decreto.
200.000 millones de euros en el aire
Pero el mal llamado decreto “antiapagones” no incluía únicamente medidas para tratar de evitar un nuevo cero energético en España. Este paquete legislativo era tan interesante para el sector eléctrico que consiguió el consenso de todos los actores, desde las grandes eléctricas hasta asociaciones como Greenpeace, pasando por las patronales UNEF (Unión Española Fotovoltaica); APPA Renovables; AEE (Asociación Empresarial Eólica); AELEC (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) y AEGE (Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía), que, tal y como informaba ayer mi compañera Sara Portillo, realizaron una frenética actividad epistolar hacia los grupos parlamentarios para animarles a posicionarse en el lado del “sí” subrayando que “el decreto persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española”.
Y tanto es así que hay en juego nada más y nada menos que 200.000 millones de euros en inversiones solo procedentes de nueva conexión eléctrica, tal y como apunta la consultora PwC. En su informe “Real Decreto-ley 7/2025. Una oportunidad para la reindustrialización”, estima que las medidas incluidas en el RDL 7/2025 contribuirían a activar hasta 40.000 MW de nueva conexión eléctrica, lo que supondría un importante impulso para la electrificación de la economía. Continúa el informe indicando que si el 50 % de esa nueva conexión eléctrica, es decir, 20.000 MW, se destinasen a proyectos y usos industriales, como la electrificación industrial o al desarrollo del sector de los Centros de Datos, y teniendo en cuenta que la inversión media por MW es de 10 millones de euros, alcanzaríamos esa cifra de 200.000 millones de euros en inversiones del sector eléctrico en los próximos años.
Además de esa enorme inversión procedente de nueva conexión eléctrica, estamos hablando de que el rechazo a este RDL se lleva por delante las medidas contempladas para el impulso del autoconsumo fotovoltaico y del almacenamiento energético. Desde APPA Renovables, trasladan en un comunicado publicado tras el desenlace parlamentario, que “no podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo, la falta de cambios regulatorios seguirá limitando el desarrollo del autoconsumo colectivo en España, algo especialmente grave teniendo en cuenta que cerca de dos terceras partes de la población viven en comunidades de vecinos. Igualmente, el impulso al almacenamiento -especialmente el bombeo hidráulico, sostenible y gestionable- queda en suspenso, lo que dificulta una gestión eficiente y flexible del sistema, e impide una mejor integración de renovables más dependientes del recurso como eólica y fotovoltaica”
Todo esto se suma a una larga lista de medidas que, en mayor o menor medida, estaban enfocadas a dar un nuevo impulso a la infraestructura eléctrica y a todo lo que, sobre ella, debe desarrollarse: Mayor capacidad de control y supervisión del sistema eléctrico por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); simplificación de trámites administrativos para la electrificación de viviendas y vehículos eléctricos; revisión de los mecanismos de capacidad; clarificación del papel de los agregadores de demanda y nuevas reglas que garantizaban suministro eléctrico en menos de un año a los nuevos puntos de recarga de vehículos eléctrico.
Una imagen de inseguridad jurídica que debilita la inversión
En más de una ocasión he utilizado la expresión “el dinero es cobarde”. Y lo es precisamente cuando los inversores atisban incertidumbre, inestabilidad política o inseguridad jurídica. Un peligroso cóctel que hace que miles de millones de euros en inversiones se vayan a otros países que ofrecen menos dudas con respecto a España, lo que redunda en pérdida de oportunidades empresariales y en ampliar la brecha de la competitividad.
El frenazo que supone para el sector eléctrico -y para la economía y el desarrollo de la sociedad en general- tras la no convalidación del decreto “antiapagones” es otro mazazo a miles de empresas, autónomos y trabajadores en general que se quedan “a verlas venir” y con la enorme losa sobre sus cabezas de qué será lo que ocurrirá, cómo y cuándo.
Lo que está claro es que los responsables políticos que llevan a votación este tipo de propuestas de tanto calado, con las que se generan enormes expectativas y nos ponen en el centro de todas las miradas, deberían asegurarse los apoyos y medir muy bien las consecuencias, antes de darse un nuevo batacazo, porque, de lo contrario apaga y vámonos.
