Desde que este pasado mes de febrero inicié mi andadura en la industria eléctrica, hay algo que vengo escuchando de manera más que frecuente en aquellos foros, congresos o eventos en los que participo: estabilidad regulatoria.
A esta expresión se le suma otra que también aparece de forma recurrente, y que lo hace además de manera bastante transversal a cualquiera de los segmentos de la industria eléctrica: seguridad jurídica.
Reconozco que ambas expresiones me dejan bastante confuso y perplejo -o al menos lo hacían en mis primeros pasos en este sector-, ya que no podía imaginar que en una industria como la eléctrica -la que entendía tradicionalmente como mega regulada-, fueran precisamente los actores de la misma los que demanden ambas cosas: estabilidad regulatoria y seguridad jurídica.
Pero esto requiere una mirada más en detalle, dado que un punto de vista cenital puede confundirnos, como me ocurría a mí. Efectivamente, la industria eléctrica -en su visión de conjunto- está muy regulada y cuenta con una enorme y extensa legislación. Pero, si bajamos al detalle de algunos segmentos o sectores, como puede ser la fotovoltaica, el autoconsumo, el almacenamiento energético o el propio vehículo eléctrico, entonces comenzamos a apreciar y a conocer de qué se habla en este contexto.
Es llamativo que estas demandas que escucho en diciembre de 2024, como si de un déjà-vu se tratase, ya se venían planteando 10 años atrás (y me atrevo a pensar que incluso antes, muy probablemente). Así lo contaba mi excompañero y admirado profesional, Miguel Ángel Jiménez, en un artículo publicado en noviembre de 2015: La inseguridad jurídica, factor clave en el sector fotovoltaico español.
Las cosas van cambiando, pero la reclamación es la misma
Es cierto que aquella inseguridad jurídica de hace diez años no es la misma que la actual, ya que muchas de las demandas de aquel entonces ya se han visto superadas, pero el asunto es que, por parte de las empresas y principales asociaciones profesionales, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica siguen siendo los argumentos que, a juicio de estas, impiden desarrollar todo el potencial de estos sectores de negocio y de todos los nuevos que están apareciendo, fundamentales además para avanzar en la transición energética.
Si pensamos en los importantes retos que tenemos por delante para cumplir con los objetivos a 2030 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde se pretende alcanzar para entonces un 81 % de electricidad renovable, con la instalación de 76 GW de energía fotovoltaica, 62 GW de energía eólica y 22,5 GW de almacenamiento o los 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras, es comprensible que, para el camino a recorrer, debe aportarse por parte de las Administraciones Púbicas competentes, la seguridad regulatoria y la estabilidad jurídica necesaria.
Como ejemplos de inestabilidad jurídica, podemos mirar lo que está ocurriendo en comunidades autónomas como Galicia, Asturias o Aragón. Según indicaba el pasado 4 de diciembre Santiago Gómez Ramos, presidente de APPA Renovables, durante sus palabras de apertura del VIII Congreso de Nacional de Energía Renovables que organiza la asociación, “en Galicia estamos viviendo una amenaza con la eólica y no se puede poner en riesgo los miles de millones de inversiones que hay en ese sentido. Si no se hacen en Galicia, se harán en otros sitios”. Ya se sabe que el dinero es cobarde y huye de aquellos sitios que no aseguran unas reglas de juego claras.
Por su parte, en el principado de Asturias se están levantando grandes barreras administrativas al desarrollo de proyectos de almacenamiento energético con baterías, proyectos que conllevan enormes inversiones y que, además, son pieza fundamental para garantizar el avance de la electrificación de la demanda. Algo grave en este caso es que, en muchas ocasiones, estas trabas se imponen desde razonamientos poco fundamentados en realidades técnicas.
17 maneras de tramitar un proyecto
Tantas como Comunidades Autónomas que tenemos en España. Para hacer un mismo trabajo en el ámbito de un despliegue de energía renovable en España, los promotores se enfrentan a 17 procedimientos distintos, donde, en cada caso, los pasos, documentaciones y requisitos también son distintos.
Cualquiera podrá imaginar la complejidad adicional que esta circunstancia aporta al desarrollo de las nuevas energías renovables, añadiendo además la propia dificultad de que, en muchos casos, las propias administraciones autonómicas están saturadas atendiendo otros de los muchos y diversos temas y asuntos que deben atender.
Avances significativos y una nueva ministra que parece prometedora…
Afortunadamente, los esfuerzos de empresas y asociaciones están dando resultados. Tal vez no todos los que querrían, ni a la velocidad que desean, pero peor es nada.
Así, recientemente hemos visto cómo se ha abierto a consulta pública el Real Decreto 244/2019 de autoconsumo, con la intención de mejorar lo hecho hasta ahora y adaptarse a las nuevas realidades. También la circular 1/2024 de la CNMC sobre acceso y conexión a redes -la gran demanda del sector- que, como apuntaban desde FENIE, “trata de aportar luz a esa caja negra del proceso administrativo de acceso y conexión”. Pese a que aún es insuficiente, supone un gran paso para seguir avanzando.
Ahora, con el nombramiento el pasado 24 de noviembre de Sara Aagesen como nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y gracias a su demostrada experiencia, conocimiento, cercanía y sensibilidad hacia las materias que ahora le toca liderar como máxima responsable ministerial, se crea una esperanza prometedora para que distintas medidas legislativas puedan avanzar o acelerarse. Al fin y al cabo, Aagesen ha sido la principal responsable de la actualización del PNIEC en su etapa como Secretaria de Estado, por lo que sabe lo que nos jugamos.
Ahora la pregunta es: ¿Seguiremos escribiendo dentro de 10 años sobre la inseguridad jurídica del sector?
