La votación prevista en el Parlamento Europeo de las enmiendas presentadas al nuevo Reglamento contra la morosidad se ha aplazado del 23 de febrero al próximo 21 de marzo. Esta situación pone en alerta a distintas asociaciones y plataformas profesionales, debido tanto al contenido de algunas de las enmiendas como por el estrecho margen de tiempo que deja para incluirse, debatirse y votarse en el que será el último pleno del Parlamento Europeo, antes de su disolución por las próximas elecciones europeas (abril).
El nuevo Reglamento fue presentado por la Comisión Europea el pasado 12 de septiembre y con él se revisa la Directiva vigente (desde 2011). Como se indica desde la Comisión Europea, el Reglamento tiene por objeto “aportar equidad a las operaciones comerciales, aumentar la resiliencia de las pymes y las cadenas de suministro, fomentar un uso más generalizado de la digitalización y mejorar la cultura financiera de los empresarios”.
Y es que, en la Unión Europea, una de cada dos facturas (entre empresas) se paga con retraso o, en el peor de los casos, no se llega a pagar. Además, en periodos de crisis o inestabilidad económica (como lo que llevamos viviendo desde la pandemia), la morosidad aumenta.
El “efecto mariposa” para pymes y autónomos
Como si de la Teoría del Caos se tratase, el simple aleteo de una mariposa en un recóndito pueblo de Japón puede llegar a producir un enorme desastre al otro lado del mundo.
Pues algo parecido es lo que ocurre con la morosidad en Europa. El 70 % de las empresas reconocen que cobrar a tiempo les permitiría pagar en tiempo y forma a sus proveedores.
Y otro dato. Reducir en un día el retraso (medio) de los plazos de pago generaría que el flujo de tesorería de las empresas en Europa aumentase en un 0,9 %, lo que ahorraría nada más y nada menos que 158 millones de euros en costes financieros. ¡158 millones! Creo que no hace falta que te cuente el efecto que genera un retraso en el pago de una semana, un mes, tres meses… Devastador.
Pero no es solo dinero. La morosidad eleva el riesgo de quiebra, merma la confianza en el mercado, puede derivar en la destrucción de empleo y obliga a un gran número de pymes a descartar participar en contrataciones públicas. Como consecuencia de todo esto, la morosidad afecta a la subsistencia y al bienestar de los autónomos y pequeños empresarios.
Teniendo en cuenta que el 61 % del total del empleo en España lo generan autónomos y pymes, queda claro la importancia de resolver urgente y definitivamente el problema de la morosidad.
Enmiendas y reacciones de asociaciones y plataformas profesionales
La alarma ha saltado entre distintas asociaciones y plataformas profesionales, especialmente por las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios EPP (Partido Popular Europeo) y ECR (Conservadores y Reformistas Europeos) que, de forma general, van encaminadas a recuperar el pacto entre las partes, lo que podría abrir una vía para permitir plazos de pago más largos a los existentes en la actual Directiva y a los que, el Reglamento, pretende acotar.
Recuperando el pacto entre las partes, se abre la posibilidad de alargar los plazos de pago a más de 30 días, siempre que, como se indica en el texto, “se especifique en el contrato y que dicha prolongación no sea manifiestamente injusta para el acreedor”.
Para la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), “es difícil esperar que las cláusulas contractuales indiquen, de manera explícita, algo que pueda interpretarse como manifiestamente injusto, por lo que estamos ante una contradicción en sus propios términos”.
Por su parte, la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE) se muestra en contra de esta propuesta porque, aunque en la enmienda se excluye la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la administración pública, “la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño”.
Adicionalmente, las enmiendas proponen la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Esta medida dejaría sin control alguno ni responsabilidad a las Administraciones Públicas, en el caso de que no pagasen en el plazo establecido, lo que perjudicaría gravemente a los subcontratistas.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), denuncia “un abuso de poder de las grandes corporaciones y organizaciones contra las pymes y autónomos europeos con el beneplácito y la pasividad de nuestros políticos”
La fiesta la pagan los de siempre
Si las enmiendas que pretenden recuperar el pacto entre las partes salen adelante, y si éstas no contemplan sistemas de control y de aplicación concretos, tendrán como resultado que “la fiesta” la paguen los millones de autónomos y pymes que hay en Europa, quedando totalmente a expensas del poder tácito de las grandes corporaciones y (ver para creer) de las Administraciones Públicas.
De esta manera, se perpetuaría la irracionalidad de que sea el pequeño quien deba financiar al grande.
¿De verdad alguien ve esto normal? Yo desde luego, no.
