2022 y 2023 han sido años prolíficos en materia legislativa, ya que se han aprobado distintas leyes en el ámbito de los recursos humanos y relaciones laborales, cuyo fin último es la mejora de las condiciones de los trabajadores. Legislar para mejorar cualquier área siempre es motivo de satisfacción, pero desde el punto de vista empresarial necesitamos que las leyes y las políticas laborales se ajusten a la realidad de los sectores productivos y al tamaño de las empresas.
Y esto no es un comentario baladí ni caprichoso sino una reclamación real de las pequeñas y medianas empresas, que, no lo olvidemos, constituyen el 90 % del tejido empresarial del país.
Desde APIEM reclamamos una apuesta real y ajustada a las características de cada sector porque una pyme de instalaciones no puede compararse ni cuenta con los mismos recursos que unos grandes almacenes con miles de empleados. Y, por tanto, el esfuerzo es titánico para los primeros (cuando no directamente inasumible) y costoso para los segundos.
Obligaciones derivadas de las políticas laborales
Algunas de las obligaciones que tienen las empresas españolas, independientemente de su tamaño, y cuyo incumplimiento supone incurrir en sanciones de gran cuantía son las siguientes:
- Prevención de riesgos laborales (PRL): todas las empresas están obligadas a contar con políticas de PRL, así como facilitar a los empleados un reconocimiento médico anual.
- Protección de datos de carácter personal.
- Registro diario de la jornada de todos los empleados,al inicio y fin de la jornada.
- Registro salarial anual: es obligación llevar un registro salarial y desglose de las retribuciones abonadas, complementos salariales y extra salariales indicados por categoría profesional y de género.
- Protocolo de acoso: indistintamente de su tamaño, deben cumplirlo e implantarlo todas las empresas que tengan trabajadores a su cargo, con acciones y soluciones en caso de una situación de acoso.
- El Plan de Igualdad y Canal de Denuncias: es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores y las de menos de 50 trabajadores deben respetar la igualdad de trato en el ámbito laboral y establecer políticas y Códigos Éticos internos.
- Protocolo de desconexión digital, independientemente de su tamaño y área.
- Acuerdo de trabajo a distancia, que aplica a todas las empresas.
- Nuevas obligaciones laborales en relación con los permisos retribuidos y la conciliación, que incluye nuevos permisos retribuidos para ausentarse del trabajo, la ampliación de derecho a la reducción de jornada, nuevo permiso parental de hasta ocho semanas y la ampliación del derecho a la adaptación de jornada.
Crecimiento del absentismo laboral
Por ello, desde APIEM defendemos un mercado laboral saludable, con derechos y obligaciones asumibles para todos. Y pedimos a los legisladores que tengan en cuenta la idiosincrasia de ciertos sectores profesionales, como el de la instalación, en los que la inmediatez y el servicio público no hacen posible algunas tareas a distancia o la desconexión digital.
Además, señalamos que esta carga laboral para pymes y autónomos resta competitividad. Destacamos también que el absentismo laboral provocado por incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) se cobró una equivalencia en la que 1,4 millones de españoles no acudieron a trabajar ningún día durante 2023, lo que supone un 7,4% del total de la fuerza laboral de España.
El absentismo es una lacra que ha crecido un 66 % en los últimos cinco años y que, según el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), se espera que en 2023 aumente otro 15 %, suponiendo un coste aproximado de 25.000 millones de euros.
Por todo ello, desde APIEM insistimos en que siempre estaremos a favor de las políticas laborales, pero ajustadas a la realidad.
