La transición hacia la movilidad eléctrica está siendo impulsada por normativas y leyes que favorecen la instalación de puntos de recarga, especialmente en entornos residenciales. En este contexto, la Ley de Propiedad Horizontal juega un papel fundamental, ya que facilita a los propietarios la instalación de cargadores en sus plazas de garaje, siempre y cuando se notifique previamente a la comunidad.
El artículo 17.5 de esta Ley permite que el propietario instale un punto de recarga en su plaza de garaje sin necesidad de obtener una autorización explícita de la comunidad, pero con la obligación de informar a la comunidad sobre su intención de realizar la instalación. Esta medida elimina barreras administrativas y permite que los propietarios de vehículos eléctricos puedan adaptar sus viviendas a las necesidades de la movilidad eléctrica, sin los bloqueos que muchas veces se originan por desconocimiento o reticencia hacia la transición energética.
Trabas injustificadas
Sin embargo, a pesar de la claridad de esta legislación, no siempre es sencillo llevar a cabo la instalación de puntos de recarga. En algunas ocasiones, se observa que ciertas comunidades, por falta de comprensión de las ventajas y la sencillez del proceso, presentan obstáculos innecesarios. Presidentes de comunidades o administradores de fincas a veces no comprenden los beneficios de la normativa e intentan poner trabas a un proceso que, de por sí, está facilitado por la legislación.
Aún con todo, la demanda de infraestructuras de recarga está creciendo de manera notable debido al aumento del parque de vehículos eléctricos y enchufables. Los profesionales del sector eléctrico tienen la oportunidad de ser los verdaderos facilitadores de esta transición energética, asegurando que las instalaciones se realicen de acuerdo con la normativa y de forma segura. En este sentido, los instaladores y empresas de la industria deben desempeñar un papel crucial no solo al ofrecer soluciones técnicas que sean seguras y eficientes, sino también al educar y asesorar a las comunidades y propietarios sobre la importancia de contar con esta infraestructura.
Además de la normativa mencionada, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) -conocido por todos nosotros- es otro pilar importante en la legislación vigente, ya que regula los aspectos técnicos de la instalación de puntos de recarga. El REBT establece que las instalaciones deben ser seguras, adecuadas y diseñadas conforme a las características técnicas específicas de cada vivienda o edificio. Los instaladores, en este sentido, tienen la responsabilidad de garantizar que todas las instalaciones se realicen de acuerdo con este reglamento, garantizando la seguridad del usuario y la minimización de cualquier impacto negativo sobre el sistema eléctrico del edificio.
Conocer las ventajas de la instalación de puntos de recarga
En cuanto al proceso práctico, si el trazado eléctrico del punto de recarga debe pasar por el techo de una plaza de garaje ajena, es necesario solicitar el permiso al propietario afectado, ya que este espacio es considerado privado. No obstante, este tipo de situaciones pueden resolverse con la intervención de un profesional cualificado que sabrá buscar alternativas técnicas que no interfieran en otras plazas de garaje.
Otro aspecto importante es el auge de las preinstalaciones comunitarias. En muchas comunidades de propietarios, se están llevando a cabo proyectos que permiten la instalación futura de puntos de recarga, incluso en aquellos hogares que actualmente no tienen vehículos eléctricos. Esta visión proactiva permite a las comunidades de propietarios planificar soluciones viables a largo plazo para todos los miembros, sin importar si cuentan con un vehículo eléctrico en el presente.
En resumen, la Ley de Propiedad Horizontal y el REBT facilitan enormemente la instalación de puntos de recarga en garajes comunitarios, pero es importante que los presidentes de las comunidades y administradores de fincas comprendan las ventajas y la importancia de facilitar este proceso. La resistencia a la movilidad eléctrica no solo retrasa la adaptación de las comunidades a las nuevas realidades, sino que también puede obstaculizar la transición hacia un futuro más sostenible y eficiente.
