Las trabas burocráticas y la disparidad de criterios entre las comunidades autónomas se erigen como los principales problemas. Además, propietarios e inquilinos lo ven como un simple método recaudatorio.
Tras algo más de un año de la obligatoriedad del certificado de eficiencia energética
para todas las viviendas en venta o alquiler, la firma Alquiler Seguro calcula que, a día de hoy, poco más de un 15% de
los inmuebles que deberían tener un certificado energético en vigencia cumplen con
el reglamento. Según David Caraballo,
su director comercial, la certificación energética en España “se ha
convertido en un mero mecanismo recaudatorio”.
Poca información, falta de concienciación y escasez de
ayudas administrativas para la implantación de la normativa convergen en un
proceso que está siendo “un fracaso”. Además, “propietarios e inquilinos lo
entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a
nivel europeo como información y mejora
del consumo energético de las viviendas”, apunta Caraballo.
La no imposición de multas alienta a propietarios y
particulares a no expedir sus certificados, a pesar de que la Ley 8/2013 sobre Rehabilitación, Regeneración
y Renovaciones Urbanas establece las medidas sancionadoras que se llevarían
a cabo por la infracción de la legislación. En este sentido, las irregularidades
aumentan en el ámbito de los alquileres particulares.
El director comercial de Alquiler Seguro advierte, no
obstante, sobre ofertas exageradas que se puedan encontrar en Internet a la hora de conseguir la etiqueta energética;
“si no se hace correctamente, el perjudicado puede ser el propietario”.
Por otro lado, las trabas burocráticas y la no
homogenización por parte de las comunidades autónomas es uno de los mayores
inconvenientes que desde Alquiler Seguro encuentran en este primer año de vigencia. David Caraballo aclara que “algunas
comunidades cobran, otras establecen impuestos especiales, en otras es gratis…
Si hubiese una normativa común no habría tanta confusión entre los afectados”.
