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Cañete (centro), presidente de la Plataforma PMcM, junto a Pilar Vázquez y Francesc Acín, vicepresidentes de la entidad, durante la rueda de prensa del 27 de marzo.<br></p>

Antoni Cañete (centro), presidente de la Plataforma PMcM, junto a Pilar Vázquez y Francesc Acín, vicepresidentes de la entidad, durante la rueda de prensa del 27 de marzo.

Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

La morosidad se agravará con dos nuevas normativas del Gobierno

El anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público abren la puerta a la posibilidad de superar los plazos de pago que marca la legislación.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunció en una conferencia de prensa en Madrid, el pasado 27 de marzo, que dos cambios legislativos impulsados por el Gobierno podrían significar “un retroceso en la buena evolución que había seguido hasta el momento en materia de morosidad”, resaltó Antoni Cañete, presidente de la Plataforma. Esta evolución se ha traducido en una mejora en el plazo medio de pago en 2013 frente al año anterior: de 93 a 85 días en el sector privado y de 141 a 111 días en el sector público, aunque todavía muy lejos de lo que marca la Ley 15/2010 (60 y 30 días, respectivamente).

Una de estas normas es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero. De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera.

La otra modificación legislativa que pide la PMcM es la del artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra, tal y como marca la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, y acabar así con la posibilidad de que puedan alargar los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes. En opinión de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, “si no se rectifican estas normas sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”.

Cañete volvió a reclamar un régimen sancionador como uno de los elementos clave para acabar con esta lacra, como se recoge en la directiva europea, pero choca que “el 68% de las empresas realizan contratos que incumplen la ley en este ámbito”. Este régimen continúa en la actualidad su trámite parlamentario.

Francesc Acín, vicepresidente de la PMcM, señaló que la polémica cláusula de “salvo acuerdo entre las partes” es una puerta por la que se cuelan los posiciones de abuso de las grandes compañías, que, además –denuncian en la Plataforma– cobran de las Administraciones Públicas, pero posteriormente incumplen sus plazos de pago con sus proveedores. 

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