La Subdirección General de Seguridad Industrial de la Generalitat ha enviado unas 37.000 cartas a comunidades de vecinos para legalizar la instalación eléctrica de servicios comunes.
AGIC (Associació
de Gremis d’instal.ladors de Catalunya) ha llevado a buen puerto una iniciativa
perseguida durante largo tiempo: la Subdirección General de Seguridad
Industrial de la Generalitat enviará próximamente unas 37.000 cartas a las
comunidades de propietarios de edificios con una instalación eléctrica de potencia superior a los 100 kW.
El mensaje que incluye estas misivas se basará en la obligatoriedad de tener legalizada la
instalación eléctrica del propio edificio (servicios comunes) y de haber
pasado la inspección periódica correspondiente de acuerdo con el REBT y su instrucción técnica ITC -BT -05 para
instalaciones de más de 100 kW. Además, recogerá el procedimiento sancionador
de aplicación en caso de incumplimiento.
Por otra parte, y con el fin de que las instalaciones
acogidas a la Instrucción 9/2012 no queden paralizadas, como venía sucediendo
en numerosos casos –según ha referido Raúl Rodríguez, director general de AGIC–,
la Subdirección General de Seguridad Industrial, a instancias de AGIC y otras
patronales del sector eléctrico como AFME
y ADIME, ha publicado una
instrucción de uso interno que obliga a los Organismos de Control (OC’s) a
notificar a la Generalitat aquellas instalaciones que no han corregido los
defectos detectados en la inspección correspondiente para su legalización.
Si los defectos no son corregidos en un periodo de seis a nueve
meses, se cerrará el proceso de legalización con la obligación de volver a
contratar el servicio. Posteriormente, se notificará a Subdirección General de
Seguridad Industrial, que actuará en consecuencia.
