El anteproyecto de esta ley incluye dos disposiciones que permiten a las empresas pagar su deuda comercial más allá de los 60 días fijados por ley, volviendo al llamado “pacto entre las partes”, de resultados negativos en el pasado.
La Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),
tras analizar el anteproyecto de ley de
fomento de la financiación empresarial, ha manifestado su desacuerdo con
las novedades que se incluyen en materia de morosidad, concretamente, dos
disposiciones que permiten a las empresas pagar su deuda comercial más allá de los 60 días fijados por ley, siempre y
cuando haya acuerdo entre el deudor y el acreedor para ceder la deuda a un
tercero, quien abonaría el pago en plazo.
Este “pacto entre las partes” está recogido en dicho
anteproyecto en su disposición final tercera, que modifica la ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Ésta permite
que en los casos en los que se produzca la cesión de la deuda a un tercero
(como, por ejemplo, ocurre en el factoring
o el confirming bancario), se puedan
alargar los plazos de pago cargando los costes financieros al acreedor, detalla
en un comunicado la Plataforma.
En este sentido, Antoni Cañete, presidente de la PMcM, insta
al Gobierno a que “siga en la buena dirección como lo ha hecho hasta ahora”,
pero además ha solicitado que “no se vuelva a introducir el concepto del pacto
entre las partes”, y que “no se confunda plazos
de pago con medios de pago”. Al respecto, denuncia que “en ningún caso el
medio de pago debe suponer un coste financiero para el proveedor por cobrar en
el plazo que legalmente le corresponde, sino que tiene que soportarlo el
deudor. El plazo de pago debe ser siempre el legal”.
Pese a toda la legislación aprobada anteriormente, tanto en
nuestro país como en la Unión Europea, la redacción del texto podría suponer,
además del coste financiero para el proveedor, también volver a los plazos de pago ilimitados. “La experiencia nos enseñó
que pactar plazos hace que se incrementen y esto nos llevó a tener los periodos
más amplios de nuestros vecinos europeos, solo por detrás de Grecia. Sin duda, aprobar
esta disposición solo va a empeorar la situación de las pymes y autónomos para
cobrar de acuerdo a los plazos legales”, explica.
Para hacer frente al problema de la morosidad, la PMcM insta
a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con
multas desde 30.000 hasta 900.000 euros.
