La Comisión Nacional advierte de que la puesta en marcha de la nueva fórmula es compleja y requiere una labor informativa dirigida al consumidor.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado el informe sobre la
propuesta de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de
los Precios Voluntarios para el Pequeño
Consumidor (PVPC) y su régimen
jurídico de contratación. A pesar de que valora positivamente que puede reducir
el precio de la electricidad advierte de que lo hace menos estable y que habrá
dificultades para su puesta en funcionamiento.
Con el nuevo Precio Voluntario se pasa de un modelo en el
que el precio de la electricidad se
fijaba a priori, a través de las subastas
CESUR, a un mecanismo en el que el consumidor abonará el precio que ha
tenido en el mercado de contado (spot)
la energía consumida en cada periodo de facturación. Dispone de dos modalidades
de facturación en función de que el consumidor disponga o no de equipo de
medida (contadores) con capacidad de
telegestión (se prevé que a 31 de diciembre de 2014 estén operativos siete
millones de equipos, el 35%, y el resto antes de 2018).
En su informe, la CNMC pone de manifiesto que el grueso de
los consumidores carece de éstos contadores. Por esta razón, se habilitan dos
modalidades de facturación. En el caso de contar con el equipo, la facturación
se hará por el consumo y el precio de la electricidad en cada hora. En el caso
contrario, se hará por la energía bimestral y un precio medio resultante de ese
mercado durante el periodo de facturación, calculando un consumo horario según
el perfil aprobado por la Administración.
En concreto, la CNMC advierte de los siguientes
inconvenientes:
–
en primer lugar, que la puesta en marcha de la
nueva fórmula es compleja y requiere una labor informativa dirigida al
consumidor;
–
el nuevo mecanismo presenta mayores variaciones
en los descensos o incrementos de la factura (las variaciones se limitan de 2 a
6 euros al mes) y supone pasar de un precio conocido a priori a otro difícil de saber en el momento en que se consume;
–
considera necesario una normativa que obligue al
comercializador a informar a sus clientes del impacto de la nueva fórmula. La
CNMC promoverá un código de buena conducta para los comercializadores;
–
la nueva fórmula complica la elaboración de las
facturas al comercializador y la comprobación de la misma al consumidor, al
incorporar 1.480 valores (horas de dos meses). Por ello, se considera
insuficiente el plazo de un mes previsto en el Real Decreto para la adaptación
de las comercializadoras.
El Ministerio de
Industria ha señalado que, para evitar las variaciones citadas (de 2 a 6
euros al mes), el Real Decreto incluye una obligación a los comercializadores
para hacer una oferta anual con un precio fijo.
