La PMcM informa que estas compañías cotizadas pagaban, en general, con un periodo medio de 171 días, casi el triple del establecido en la Ley 15/2010 (60 días). El sector de la Construcción e Inmobiliario es el que registra una mayor demora.
La Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que, en líneas
generales, las empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en el primer semestre
de 2013 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad,
con un periodo medio de 171 días, casi el triple del permitido (60 días).
En todo caso, se detecta una ligera mejora en el plazo medio
de pago de las empresas no financieras del IBEX, que disminuyó en ocho días
respecto al mismo periodo de 2012 (-4%). Por sectores, también presentan un
mejor comportamiento Energía (-7%) y Construcción e Inmobiliario (-7%),
mientras que empeoran Industria (5%), y Comercio y Servicios (3%).
Según los datos analizados, el sector de la Construcción e
Inmobiliario es el que registra una mayor demora en la liquidación de sus
facturas, alcanzando los 291 días de plazo de pago en el primer semestre de
2013. Le siguen el sector Servicios y Comercio (269), el Industrial (222), y el
de Energía (101).
Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las
correspondientes a los cobros que estas empresas realizan a sus respectivos
clientes. Se trata de periodos de pago notablemente menores, situándose en el
sector de la Construcción e Inmobiliario, en 138 días; el Industrial, 112;
Servicios y Comercio, 74 días; y el de Energía, 57. “Estos datos evidencian que
algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de
sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, señala Antoni Cañete,
portavoz de la PMcM, en un comunicado.
Necesidad de un
régimen sancionador
En el análisis del informe, la PMcM ha detectado que alguna
empresa incluso alcanza los 629 días de plazo de pago. Ante situaciones como
ésta, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas desde 30.000
hasta 900.000 euros.
