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Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de N2E, señala el efecto perjudicial en la economía española por incumplir las Directivas Europeas sobre eficiencia energética.

En opinión de Javier García Breva

Incumplir las directivas de energía hace peligrar 500.000 nuevos empleos hasta 2020

Los incumplimientos de las directivas de la UE traerán futuras demandas contra España, como la referida a la elaboración de planes nacionales de edificios de consumo de energía casi nulo.

La reciente condena del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a España por no transponer completamente la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios se suma a los reiterados incumplimientos de las directivas europeas en energía por parte del Gobierno español y sus nocivas consecuencias. “Los ciudadanos no podrán reducir sus recibos de luz, los promotores tendrán dificultades para afrontar proyectos de rehabilitación y, finalmente, España pierde la oportunidad de crear hasta 500.000 nuevos empleos en 2020 promoviendo la eficiencia energética”, ha señalado Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de N2E.

A este incumplimiento se añade que el pasado año España fue advertida por la Comisión Europea de una nueva demanda ante el TJUE por el incumplimiento de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios, que sustituye a la de 2002, cuyo plazo de transposición finalizó en enero de 2013. Esta directiva establece la obligación para los Estados miembros de elaborar planes nacionales de edificios de consumo de energía casi nulo, con objetivos intermedios para 2015, para que en el año 2020 los nuevos edificios y la rehabilitación de los existentes, y en 2018 los edificios públicos, se hagan con criterios de mínimo consumo de energía con autoconsumo, tal y como se define en su artículo dos.

Por otra parte, se da la circunstancia de que los nuevos peajes establecidos en la reforma eléctrica aprobada por el Ministerio de Industria penalizan el ahorro de energía y las inversiones en eficiencia energética e incentivan el mayor consumo a través de la subida de la parte fija del recibo de la luz, la bajada de la parte variable que mide el consumo y un peaje discriminatorio al autoconsumo.

La normativa que el Gobierno ha aprobado en este último año no solo incumple las directivas europeas de energía sino que al impedir el ahorro energético no permite que los consumidores finales puedan reducir sus costes energéticos mediante proyectos integrales de eficiencia energética o de rehabilitación de edificios. Para Javier García Breva, “identificar el ahorro de energía con menos ingresos del sistema eléctrico es contrario a los objetivos y normas de la Unión Europea y traerá futuras demandas contra España”.

Estas medidas del Ministerio de Industria chocan con el objetivo que se ha marcado el Ministerio de Fomento con la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que considera “la rehabilitación energética como la base para la reactivación de la economía y del empleo”, señaló García Breva.

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