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A partir de una Resolución del Ministerio de Hacienda del 19 de noviembre

Competencia irregular de la Administración en la certificación energética de edificios públicos

A3e y CNI denuncian una Resolución del Ministerio de Hacienda que establece las tarifas que cobrará la empresa pública SEGIPSA por la realización de auditorías energéticas y certificaciones energéticas en edificios públicos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó en el BOE el pasado 19 de noviembre una Resolución en virtud de la cual se fijan las tarifas oficiales para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios Públicos, por parte de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA).

SEGIPSA  está considerada medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado (es una empresa pública dependiente de la Dirección General del Patrimonio, dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, para la realización de cualesquiera trabajos o servicios que le sean encomendados relativos al Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos, así como para la construcción y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo.

La Resolución aprueba los precios con los que la Administración va a contratar con SEGIPSA la realización de auditorías energéticas en los edificios públicos (a la que estará obligada con la transposición de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética), y la realización de certificaciones energéticas de edificios, a la que ya está obligada por el Real Decreto 235/2013. Los trabajos de certificación energética que sean encomendados a SEGIPSA por parte de la Administración General del Estado aplicarán unos baremos que oscilan, por ejemplo, desde 184 euros (hasta 80 metros cuadrados de superficie), 633 euros (de 250 a 500 metros cuadrados) o 2.287 (de 3.000 a 5.000 metros cuadrados), según informa CNI (Confederación Nacional de Instaladores).

Diversas asociaciones sectoriales denuncian la competencia irregular que esta normativa produce. Según CNI, “esto ha puesto en evidencia la tremenda desigualdad entre la lucha de precios originada en el mercado libre de certificaciones energéticas donde se barajan precios muy por debajo de la realidad que sólo se justifican mediante una mediocre actuación del técnico (introducción de la mayoría de los datos en la modalidad de “por defecto”, cuya consecuencia inmediata será la obtención de una calificación más baja de la que sería en realidad), y la regulación de tarifas de exclusiva aplicación a SEGIPSA, que con esta Resolución se fija para los edificios públicos.

Para A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética), es evidente que la realización de estos trabajos no es o no debe ser objeto de “servicio público” prestado por la Administración. “En España existen empresas y profesionales sobradamente capacitados para realizar estas labores de una forma rápida, profesional y eficiente. ¿Por qué se empeña la Administración en suplantar al sector privado?”, se preguntan. Por otro lado, “fijar unos precios en base a la superficie del edificio, para la realización de un servicio tan variable como puede ser una auditoría energética, no tiene ningún sentido, y pone de manifiesto que quienes la han realizado desconocen el verdadero alcance de este servicio”.

A3e señala que esta resolución daña gravemente al sector de empresas que representa y que prestan estos servicios, y además supone una falta de coherencia con políticas de empleo y eficiencia. "La Administración se quita un problema de encima a costa de penalizar un sector productivo, en lugar de apoyarlo".

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