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Las tecnologías solares son uno de los sectores más atacados por las eléctricas.

Acusando a las primas de causar el déficit de tarifa

El sector de las renovables denuncia la campaña de las eléctricas en la UE

Catorce asociaciones, entre las que se encuentran UNEF y APPA, acusan a las compañías eléctricas de abogar en el seno de la Unión Europea por la adopción de medidas que no respetan el principio de seguridad jurídica.

Catorce asociaciones de energías renovables, entre ellas UNEF y APPA, denuncian la campaña que las grandes eléctricas están realizando en la Unión Europea y les acusan de presionarla para que abandone su apoyo y rebaje los objetivos de renovables con el único fin de mantener sus beneficios a costa de hundir al sector. Asimismo, critican una vez más que las eléctricas tradicionales en España culpen a las primas de ser las causantes del déficit de tarifa.

Estas asociaciones denuncian igualmente que la reforma del Gobierno no haya acometido una profunda reestructuración del ineficaz y falto de competencia mercado eléctrico español. Según los informes de la CNE, el 41% del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante, es decir, el déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año, pero que los sucesivos gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste político. El 31% proviene de la desviación de precios del pool, el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22% del régimen especial, incluida la cogeneración. El hecho es que en el periodo 2000-2008 el déficit de tarifa fue 8.000 millones de euros mayor que las primas a las renovables.

Las asociaciones que representan al sector renovable lamentan que las grandes eléctricas quieran solucionar el problema del déficit de tarifa eliminando únicamente ciertos costes que afectan por entero al sector renovable, especialmente a las tecnologías solares, y que aboguen en el seno de la Unión Europea por la adopción de medidas que no respetan el principio de seguridad jurídica, como pedir la semana pasada “detener o reducir drásticamente” las retribuciones a las renovables. Asimismo, consideran inaceptable que un directivo de una empresa eléctrica, que precisamente lleva años percibiendo primas renovables, cuestione que se mantenga en España la apuesta por determinadas tecnologías renovables e insinúe que si se suspendiera la producción de energía con alguna de ellas la luz bajaría. Más increíble es que el sector tradicional cuestione con esta propuesta la seguridad jurídica que tanto reclama cuando defiende sus inversiones.

Según estas entidades, cualquier coste del sistema que se dejara de pagar conllevaría evidentemente un ahorro en el recibo: por ejemplo, se podrían suprimir los pagos por capacidad, que ya no son necesarios; los costes extrapeninsulares, que deberían trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la interrumpibilidad, que también debería trasladarse a los PGE por ser una política industrial, y que ha sido incrementado por el Gobierno entre 2008 y 2011 en un 117%, etc. También rebajaría la factura de la electricidad el que las eléctricas hubieran devuelto los 3.400 millones de euros correspondientes a los costes de transición a la competencia (CTC) cobrados de más, o que a la nuclear y a la gran hidráulica de régimen ordinario (con una situación muy distinta a la minihidráulica), tecnologías ya completamente amortizadas por la contribución de todos los consumidores a los CTC y que perciben unos beneficios excesivos por su participación en el mercado en condiciones ventajosas, les aplicaran la rentabilidad razonable que se exige  a las renovables.

Si desde que se creó el déficit de tarifa se hubieran corregido estas situaciones, el déficit no existiría y, por tanto, tampoco la partida correspondiente a pagar la amortización e intereses del mismo, que fue de 3.182 millones de euros en 2012.

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