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<p>José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, el viernes 12 de julio.<br></p>

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el viernes 12 de julio.

Cuyo objeto es corregir sus desequilibrios financieros

El Gobierno aprueba la anunciada reforma del sistema eléctrico

El Ejecutivo pretende que la reforma aprobada el viernes pasado reparta el esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. Uno de los primeros efectos es la subida de la factura de la luz un 3,2% de forma inmediata.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 12 de julio un paquete de medidas para “poner fin definitivamente a los desequilibrios que persisten en el sistema eléctrico, que actualmente ascienden a unos 4.500 millones de euros anuales”, como reza el comunicado oficial del Ministerio de Industria, Energía y Minas, así como establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorar el sistema de cara al consumidor.

El denominado déficit de tarifa –un problema de raíz política que implica la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos recogidos a través de la factura– es el gran caballo de batalla que se pretende resolver con esta reforma, ya que supera actualmente los 26.000 millones de euros y que, de no haber tomado ninguna medida, ascendería este año a 10.500 millones de euros. Tras las medidas ya emprendidas, que han logrado reducir la generación anual de déficit de tarifa en 6.000 millones de euros, el déficit previsto para 2013 es de 4.500 millones de euros. Para corregir este déficit restante, la tarifa del consumidor doméstico tendría que subir un 19%, según las explicaciones que dio José Manuel Soria, titular de Industria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno pretende que la reforma aprobada el viernes pasado reparta el esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. De este modo, de los 4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los 900 millones de euros restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de peajes, lo que implica que la actual tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos actualmente la gran mayoría de los consumidores domésticos, sube un 3,2% de forma inmediata; la TUR, además, pasa a denominarse a partir de ahora Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

Una vez corregido el desequilibrio, la reforma contempla cambios normativos para que el sistema sea más flexible para adaptarse a las circunstancias y evitar así nuevos desequilibrios en el futuro, explican desde el Ministerio.

La patronal fotovoltaica UNEF ha señalado que estas nuevas medidas pueden llevar directamente a la quiebra a buena parte del sector, “porque éste ya acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40% de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones”. La  Unión Española Fotovoltaica denuncia, además, la absoluta ausencia de diálogo con la Administración, “se ha ninguneado a las asociaciones sectoriales, legítimas interlocutoras ante la Administración, en favor de unas pocas empresas”.

Por su parte, las empresas asociadas en UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), que aglutina a las cinco eléctricas, han mostrado también su “total desacuerdo con las medidas anunciadas por el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa” ya que, según su visión, carga el 65% del esfuerzo en las actividades tradicionales y destacan el sacrificio que se exige a las compañías eléctricas, así como la insuficiente cuantía de las aportaciones que se realizarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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