Una de sus novedades más destacadas es la creación del nuevo Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que deroga la actual Inspección Técnica de Edificios (ITE).
El pasado 27 de junio se publicó en el BOE la nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, un proyecto largamente esperado y debatido que pretende
alcanzar varios objetivos: en primer lugar, potenciar la rehabilitación de edificios, eliminando trabas actualmente
existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable; en segundo
lugar, ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y
reactivación del sector de la construcción; y en tercer lugar, fomentar la
calidad, la sostenibilidad y la competitividad, acercando la normativa española
al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la
pobreza energética.
Para ello, esta ley modifica una serie de normas actualmente
en vigor: el texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible; el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales; la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación; y la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. En algunos casos
puntuales, la modificación incluye la derogación de determinados preceptos.
Los tres objetivos señalados en los párrafos anteriores se
alinean con la Directiva 2010/31/UE,
en la medida en que la presente Ley persigue promover la eficiencia energética
y atender a los desafíos provocados por el cambio climático.
Una de las novedades más destacadas de esta medida
legislativa es la creación del nuevo Informe
de Evaluación de los Edificios (IEE), que será obligatorio para edificios
en bloque de más de 50 años y exigible a partir del año 2019, y que deroga la
actual Inspección Técnica de Edificios (ITE). Se trata de un documento que identifica
el bien inmueble y en el que habrá de constar de manera detallada:
a) La evaluación del estado de conservación del edificio.
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad
universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización del edificio.
c) La certificación de la eficiencia energética del edificio.
Este Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de
diez años, pudiendo establecer las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
una periodicidad menor.
