El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que establece los ingresos máximos de los usuarios que podrán acogerse a esta nueva tarifa. Además, prorroga las deducciones fiscales para obras de rehabilitación energética y amplía de 500 a 1.000 metros la distancia entre el punto de generación y el consumidor para fomentar el autoconsumo colectivo.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que concreta 18 de las 73 medidas del plan de contingencia energética ‘+SE’. Entre ellas, define los consumidores que podrán acogerse al 40 % de descuento en su factura eléctrica, prorroga las deducciones fiscales para actuaciones de rehabilitación energética y amplía el límite actual de 500 metros para el autoconsumo colectivo.
Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estas medidas (entre las que también se incluye una nueva tarifa para comunidades de vecinos con calefacción comunitaria) movilizarán 3.000 millones de euros y llegarán a 4 de cada 10 hogares.
Rebaja del 40 % en la factura
Tal y como publicamos en este medio, Ribera adelantó la semana pasada las líneas maestras de esta nueva tarifa, denominada bono de justicia energética. Pues bien, el real decreto aprobado ayer define qué consumidores podrán acogerse a esta reducción del recibo, que permanecerá vigente durante todo el año 2023. Además, estos usuarios deberán estar acogidos la tarifa regulada (PVPC).
Los umbrales de renta para poder beneficiarse de este descuento del 40 % en la factura eléctrica son los siguientes: 1 adulto, 16.212,6 euros en 2022 (cifra que asciende hasta los 16.800 euros en 2023); 1 adulto y 1 menor, 24.318,8 euros este año (25.200 euros el próximo ejercicio); una pareja de adultos, 18.644,4 euros en 2022 (19.320 en 2023); 2 adultos y 1 menor, 22.697,6 euros este año (23.520 el próximo); 2 adultos y 2 menores, 26.750,7 este ejercicio (27.720 el próximo).
Consumidores que podrán acogerse a la nueva tarifa según su umbral de renta. Fuente: Moncloa.
De esta forma, aseguran desde el Gobierno, se amplía la cobertura frente a la escalada de precios de la electricidad a 1,5 millones de familias adicionales a las ya cubiertas en el bono social, abarcando a los cuatro niveles de renta más bajos del país.
Otras medidas
Directamente ligado con lo anterior, el real decreto también recoge un incremento del descuento del bono social ya existente. Para los consumidores vulnerables, este descuento en su factura pasa del 60 al 65 %, mientras que para los vulnerables severos se incrementa del 70 al 80 %.
Además, el volumen de energía sujeto al descuento se aumenta un 15 %, hasta los 1.587 kWh en una unidad de convivencia de una o dos personas y hasta los 4.761 kWh en una unidad de cinco o mas convivientes.
Por otra parte, se ha prorrogado tope del gas para la generación eléctrica en 67 euros/MWh. La vigencia de esta medida finalizaba este mismo año, pero con la prórroga aprobada ayer permanecerá vigente hasta diciembre de 2023.
Asimismo, el real decreto también incluye una extensión de las deducciones en el IRPF para las obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales. Hasta ahora, las deducciones se podían aplicar hasta el 31 de diciembre de 2022. Con esta modificación, se amplía un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023 (más información aquí).
El texto también contempla introducir en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones desarrolladas en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que utilizasen energía procedente de fuentes no renovables fósiles. Eso sí, las nuevas instalaciones deberán estar operativas en 2023.
Por último, el real decreto aprueba ampliar de 500 a 1.000 metros la distancia entre el punto de generación y el consumidor en instalaciones de autoconsumo colectivo en cubierta y aumenta de 100 a 500 kW el tamaño de planta exenta de obtener autorización previa para su construcción. Además, introduce criterios para incrementar la eficiencia del alumbrado público, aunque estas modificaciones y las relativas al autoconsumo las abordaremos con más detenimiento en próximos artículos.
