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Antoni Cañete (en el centro y sin corbata), junto a diputados de diferentes grupos parlamentarios que han apoyado las enmiendas de la ley. Imagen: Congreso de los Diputados/Verónica Povedano.
Antoni Cañete (en el centro y sin corbata), junto a diputados de diferentes grupos parlamentarios que han apoyado las enmiendas de la ley. Imagen: Congreso de los Diputados/Verónica Povedano.

Aprobada la Ley ‘Crea y Crece’: principales avances en el ámbito de la morosidad

Entre otras novedades, el texto prohíbe el acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas que no cumplan con los plazos de pago y especifica que los contratistas deben acreditar en sus certificaciones de obra que pagan en plazo a sus subcontratas. Además, da luz verde a la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

El Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial (más conocida como Ley ‘Crea y Crece’), que incluye medidas para facilitar la creación de empresas e impulsar el crecimiento de las pymes. En este sentido, el texto reduce y agiliza trámites y busca minimizar el impacto de obstáculos como la morosidad.

Principales medidas ligadas a la morosidad

En primer lugar, la ley recoge una reclamación histórica de las organizaciones que luchan contra la morosidad: prohíbe el acceso a las subvenciones públicas a aquellas empresas que no cumplan con los plazos legales de pago.

En este sentido, explican desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las grandes empresas que quieran beneficiarse de ayudas públicas tendrán ahora que acreditar mediante una certificación que pagan en plazo a sus proveedores. Además, tendrán que incluir en sus cuentas anuales no solo los plazos de pago, sino también el número de facturas, el importe y el porcentaje que suponen aquellas pagadas dentro del plazo legal.

Por otro lado, especifica la PMcM, los contratistas deberán acreditar en sus certificaciones de obra que los pagos realizados hasta la fecha a sus subcontratas se ajustan a los plazos legales de pago. Con esta medida, “las Administraciones Públicas ya tienen herramientas para poder velar por que se pague a los subcontratistas en los términos adecuados; ahora hace falta que se aplique la ley”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM.

Asimismo, la Ley ‘Crea y Crece’ prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que publicará un listado anual de empresas morosas con más de un 5 % de sus facturas o 600.000 euros de pagos abonados fuera de plazo.

Por último, el texto también impulsa la obligatoriedad de la factura electrónica y define los plazos de adaptación para pymes y autónomos. A partir de la publicación en el BOE de la ley, las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año dispondrán de 12 meses; las que no alcancen esa cifra de facturación, dispondrán de tres años según un calendario progresivo.

La PMcM ha valorado “positivamente” esta ley, que incorpora sus principales enmiendas. “Todas estas mejoras históricas para nuestro país, que llevamos años reclamando a la Administración, protegen a pymes y autónomos frente al cuello de botella de nuestra economía: los largos plazos de pago que se han convertido en una práctica habitual por parte de las grandes compañías y que han dejado a muchas pymes y autónomos por el camino”, reflexiona Antoni Cañete.

¿Cuál de estas medidas te parece más acertada para reducir la morosidad?

Encuesta finalizada

Posible aumento de la morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad advierte del “peligro latente” que supone la coincidencia del fin del periodo de carencia de los créditos ICO y el vencimiento de la moratoria concursal (este jueves) e insta a la Administración a tomar decisiones relevantes, entre ellas, la aprobación del régimen sancionador, paralizado en el Congreso desde hace más de dos años.

Por otra parte, y para concluir, la PMcM denuncia ambigüedades en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN), ya que no indica el plazo máximo que se puede pactar entre proveedor y comprador para los aplazamientos de pago.

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