Se trata de la cifra más elevada de toda la serie histórica desde 2003, con un crecimiento del 28 % en el último trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior. Además, el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de entidades no financieras asciende hasta los 455.664 millones.
110.000 millones de euros. Es la desorbitada cantidad que deben las Administraciones públicas a sus proveedores, según ha denunciado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en base a los datos del Banco de España relativos al último trimestre de 2021.
La cifra es la más elevada de toda la serie histórica desde 2003, suponiendo un crecimiento del 28 % con respecto al trimestre anterior. De hecho, cuando se aprobó el Plan de Pago a Proveedores hace una década, la deuda ascendía a 91.313 millones de euros, por debajo de la actual.
El cálculo hace referencia a las “obligaciones pendientes de pago consolidadas“, es decir, se excluyen las deudas pendientes de las Administraciones públicas con otras entidades del Estado. Por tanto, se trata del valor de los derechos financieros derivados de los desfases temporales entre el momento en que tienen lugar las operaciones y los correspondientes pagos.
Un panorama que, a ojos de la PMcM es “desolador a todos los niveles“. Y es que, según las estadísticas publicadas por el Banco de España sobre el balance financiero de entidades al cierre de 2021, en nuestro país el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros, frente a los 344.083 de 2014.
Tomar acciones decisivas
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el incumplimiento de las obligaciones de las Administraciones públicas ya es más importante que lo que viene por los fondos Next Generation, y en breve se sumará la finalización de los créditos ICO y de la moratoria concursal”.
“Las medidas que se están tomando -continúa Cañete- no son suficientes. El Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos lanzado en 2022 llegará solo a unos pocos, y para que la Ley Crea y Crece sea eficiente deberán realizarse cambios en su tramitación”, señala.
Por eso, Cañete expone que “hay que vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas, con un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, o que las Administraciones públicas comprueben que dentro de su cadena de pagos se cumpla la legislación contra la morosidad”. Además, “debería aprovecharse la digitalización a través del uso de herramientas como la facturación electrónica“, finaliza.
