La Comisión Europea ha emprendido acciones legales contra España por no trasponer totalmente dos directivas comunitarias: la primera define el funcionamiento del sector eléctrico y la segunda establece las medidas para impulsar la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar el 32,5 % de eficiencia en 2030 establecido por la UE.
La Comisión Europea (CE) ha emprendido acciones legales contra varios estados miembro, entre ellos España, por no cumplir con ciertas obligaciones comunitarias. En el caso de nuestro país, la Comisión llama la atención a España por no trasponer completamente a la legislación nacional dos directivas Europas sobre el mercado interior de la electricidad y la eficiencia energética, respectivamente.
Mercado de la electricidad
En primer lugar, la CE ha pedido a España y otros cinco países que “transpongan plenamente las normas de la UE para el mercado interior de electricidad“, después de haber constatado que estos estados solo han comunicado parcialmente las medidas nacionales que habían adoptado para aplicar la Directiva (UE) 2019/944 en sus territorios.
Este reglamento define las normas fundamentales relativas a la organización y el funcionamiento del sector eléctrico de la UE “con vistas a la creación de unos mercados de la electricidad competitivos, realmente integrados, centrados en el consumidor, flexibles, equitativos y transparentes”, explican desde la UE.
El plazo para incorporar esta Directiva a la legislación nacional concluyó el 31 de diciembre de 2020. Tras las cartas de advertencia enviadas por la Comisión a los distintos países el pasado jueves, estos disponen de dos meses para notificar a este organismo sus medidas de transposición para garantizar la plena aplicación de las normas de la UE.
Eficiencia energética
Por otro lado, la Comisión Europea también ha advertido a España y otros tres estados miembro por no transponer plenamente la directiva de eficiencia energética revisada (Directiva (UE) 2018/2022) por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE.
Esta norma tiene por objeto establecer un marco común de medidas para promover la eficiencia energética y establece un objetivo vinculante para los estados miembro: alcanzar un 32,5 % de eficiencia para el año 2030.
Los países europeos tenían que transponer esta directiva antes del 25 de octubre de 2020. Sin embargo, tras observar las medidas nacionales de estos países (España, Croacia, Luxemburgo y Eslovaquia), la CE considera que esta transposición todavía está incompleta y les da un plazo de dos meses para que respondan a su petición.
