Los delincuentes accedían a la base de datos de una eléctrica para cambiar a sus clientes a otra comercializadora sin su consentimiento y, de este modo, cobrar las comisiones por las nuevas altas. La operación, que se inició en 2019, se ha desarrollado en 12 provincias españolas.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 44 personas en 12 provincias españolas por el uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de los consumidores y contratar servicios no autorizados con otras compañías eléctricas. El objetivo de los estafadores era enriquecerse a través de las comisiones que obtenían por la captación de nuevos clientes.
Modus operandi
La investigación se inició en septiembre de 2019, cuando los agentes recibieron una denuncia de una distribuidora de electricidad y gas natural en la que manifestaba que personas desconocidas estaban llamando a sus clientes haciéndose pasar por trabajadores de la empresa.
Tras acceder a su base de datos, los delincuentes conocían toda la información personal de sus clientes (datos bancarios, puntos de suministro, etc.) y les ofrecían un supuesto descuento en la tarifa, cuando en realidad lo que hacían era cambiarles a otra comercializadora sin su consentimiento.
La compañía denunciante, tras una auditoría interna, detectó que se habían producido accesos no autorizados a sus bases de datos. Además, descubrió que personas desconocidas habían contactado con la compañía haciéndose pasar por clientes y, tras contestar las preguntas de seguridad, solicitaban duplicados de facturas para modificar los datos de contacto. De este modo, una vez realizado el cambio de compañía, evitaban que llegase una contraoferta al consumidor que desconocía el cambio de tarifa.
Paralelamente, explica la Policía Nacional en un comunicado, la comercializadora eléctrica que estaba recibiendo a los nuevos clientes, tras detectar el método de captación, interpuso una querella contra varios comerciales por las prácticas realizadas.
36.000 clientes afectados
De los 44 detenidos, a los que se les imputa un delito contra el mercado y los consumidores, 26 eran comerciales, a los que también se les atribuye un delito de usurpación de estado civil, y 18 eran administradores de una sociedad denominada “Fuerza de ventas“, cuya función era captar lícitamente a clientes para la eléctrica que la había subcontratado.
Sin embargo, esta sociedad investigada contrató a su vez a nuevas empresas para aumentar el tráfico de datos personales que se convertían en nuevos clientes de la eléctrica, que no conocía la existencia de estas prácticas ilegales.
En el transcurso de la investigación, los agentes constataron que los implicados en el fraude, trabajadores y administradores de estas empresas, estaban cobrando parte de la comisión que recibía la sociedad “Fuerza de ventas” por la captación de nuevos clientes.
Aunque hasta el momento no ha emitido una valoración económica del perjuicio causado, la Policía Nacional estima que se pueden haber producido unos 36.000 cambios de comercializadora. La operación se ha desarrollado en las provincias de Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia.
