Así lo expuso ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en la presentación de su estudio sobre los comportamientos de pago en 2021. La ratio de impagos descendió respecto a 2020, aunque prácticamente duplica la cifra máxima que establece Europa. El plazo medio de pago se sitúa en los 72 días en el ámbito privado y en los 61 días en el sector público.
El 74 % de las empresas no registró una variación significativa en los comportamientos de pago de sus clientes en 2021, un 17 % sufrió más impagos y solo un 9 % redujo el número de facturas impagadas el pasado año. Esta es una de las principales conclusiones del ‘Estudio de plazos de pago en España en 2021’ que presentó ayer de forma telemática la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
El informe también recoge que la ratio de impagos se redujo del 5,4 % de 2020 al 4,8 % el pasado año. Sin embargo, esta cifra prácticamente duplica el máximo establecido por Europa, que indica que los impagos deberían situarse por debajo del 2,5 % para evitar roturas en la cadena de pagos.
Evolución de la ratio de impagos en los últimos ocho años. Fuente: PMcM.
Además, el plazo medio para abonar las facturas se situó en los 72 días en el ámbito privado (77 días en 2020) y en los 61 días en el sector público (16 días menos que el año anterior). Desde la PMcM, Antoni Cañete, su presidente, achaca esta reducción del 6,5 % y del 20,7 %, respectivamente, en los plazos de pago a las ayudas para empresas y comunidades autónomas condicionadas a que los beneficiarios estuvieran libres de impagos.
Los que más tardan en pagar
Sin abandonar el apartado de los plazos de pago, en el sector privado, las grandes empresas vuelven a ser las entidades que más tardan en saldar sus deudas. De hecho, solo el 20 % de estas organizaciones paga dentro del plazo legal, un 38 % lo hace entre los 60 y los 90 días y el 42 % más allá de los 90 días.
En el ámbito público, las administraciones locales son las que más tardan en abonar sus facturas, por delante del Estado y los gobiernos regionales. Además, y a pesar de que el plazo medio de pago se situó en 2021 en los 61 días, este sigue muy por encima de los 30 días que establece la ley.
En cuanto a la expectativa de cobro para el presente año, el 78 % de las empresas afirman que no esperan variaciones importantes, mientras que el 18 % considera que los periodos se alargarán. Además, un 27 % de las empresas cree que los actuales plazos de pago pueden poner en riesgo la viabilidad del negocio, algo que Antoni Cañete calificó como “preocupante”.
Un 66 % de los contratos ¿ilegales?
Otro dato de interés que recoge el estudio de la PMcM es que el 66 % de los contratos que se firman en nuestro país (el 64 % en 2020) incluyen acuerdos que exigen plazos de pago superiores a los 60 días. Cabe recordar en este punto que, desde junio de 2010, la legislación vigente prohíbe este tipo cláusulas.
Además, el confirming vuelve a erigirse como el medio de pago más frecuente y un 48 % de las empresas no exige nunca los intereses de demora. El 35 % lo hace esporádicamente y solo el 10 % exige estas cuantías a menudo. Cañete achaca esta situación al miedo de los proveedores a perder clientes y pide que se tomen medidas al respecto.
Cabe mencionar que la PMcM ha realizado este estudio a partir de los datos de cerca de 800 empresas de diferentes sectores de todo el territorio nacional.
Ley Crea y Crece y régimen sancionador
La PMcM considera que la Ley Crea y Crece avanza en la buena dirección, pero cree que se deben incluir enmiendas. Entre ellas, defiende que se vuelva a incorporar al texto las obligaciones de pago entre contratista y subcontratista y aquellas relativas a los plazos de pago en la administración, que han desaparecido en el proyecto de ley, circunstancia que Antoni Cañete califica como un “grave error”.
Además, la plataforma insiste en la puesta en marcha del régimen sancionador de la morosidad, que se aprobó por unanimidad en el Congreso hace algo más de año y medio y que, desde entonces, acumula 49 prórrogas. El presidente de la PMcM atribuye estos retrasos a los intereses de ciertos grupos empresariales, muchos de los cuales “abusan” de los plazos de pago, para que esta normativa no vea la luz, ya que no existen trabas por parte de ningún partido político.
