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Morosidad y plazos de pago, controversia entre la PMcM y CEPYME

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) critica la postura de CEPYME ya que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa considera “desproporcionado” vetar el acceso a subvenciones públicas a las compañías que incumplen la legalidad en materia de morosidad y plazos de pago.

Posturas encontradas, así se podría calificar las actitudes de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y de CEPYME respecto a la forma de atajar la morosidad. La primera ha criticado la visión de la segunda y ha señalado que "protege los intereses de las grandes empresas".

Esta censura se ha producido tras un comunicado de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, a raíz de la tramitación de la Ley Crea y Crece, en el que se califica como "desproporcionada" la medida de prohibir el acceso a subvenciones públicas a las compañías morosas y que incumplen los plazos de pago legales.

CEPYME ha señalado que una sanción tan grave como la citada, que acarrea también el veto a los fondos europeos, "puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad jurídica".

Por su parte, la PMcM denuncia que, en general, los mayores morosos —que muchas veces actúan con posición de dominio— son las grandes corporaciones, en muchos casos integrantes del elitista IBEX35; mientras que las perjudicadas son las pymes. "Este hecho se constata tanto en los informes del Ministerio de Economía como en los de la Comisión Europea, de la PMcM y de la propia CEPYME", recuerdan desde la Plataforma.

Por ello, según Antoni Cañete, presidente de la PMcM, "CEPYME está defendiendo los intereses de las grandes empresas morosas, pretendiendo premiar el incumplimiento de la ley, aportando fondos públicos y ayudas europeas a las empresas que violan la ley de morosidad".

Observatorio de la Morosidad, cuestionado

En opinión de Cañete, este hecho pone en cuestión la objetividad de las peticiones y propuestas de CEPYME, "y compromete la honestidad de sus informes y, por ende, de su Observatorio de la Morosidad", una iniciativa que fue presentada oficialmente el 23 de septiembre de 2021.

Mientras que CEPYME considera que "la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca", donde deben primar las medidas favorables a la competitividad y al crecimiento empresarial (como el acceso a financiación); la PMcM cree que un régimen sancionador claro, que penalice los incumplimientos de la ley, es el mejor camino para reducir la morosidad y las posiciones de abuso. Así lo puso de manifiesto Antoni Cañete en el reciente encuentro Entorno FENIE 2021, celebrado el pasado 1 de diciembre.

¿Consideras que el régimen sancionador entrará en vigor esta legislatura (hasta 2023)?

Para el presidente de la PMcM, "quien lidere el Observatorio de la Morosidad del Estado debe ser absolutamente objetivo y conocer bien la realidad de esta lacra, que afecta principalmente a pymes y autónomos ante la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión, principalmente".

En cambio, desde CEPYME confían en que en el trámite parlamentario de la Ley Crea y Crece permita "contemplar estas obligadas preocupaciones" respecto a la morosidad.

Si bien hay que hacer constar que la modificación de la Ley contra la Morosidad, que establece un régimen sancionador, lleva paralizada más de un año desde que el Congreso lo aprobara por unanimidad, con más de 42 prórrogas activadas. No parece que haya mucha voluntad en el Parlamento. 

Además, según los cálculos de la PMcM, sobre los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) referidos al año 2020, las compañías cotizadas en Bolsa liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (de 60 días); a esto se añade que estas empresas tenían en cartera una cifra de 81.786 millones de euros que excede el plazo legal de 60 días.

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