La organización aboga por un recibo ‘monómico’ y progresivo, es decir, que ‘castigue’ a aquellos consumidores domésticos que consumen por encima de ciertos estándares. Para ello, define tres tramos específicos. Además, apuesta por “limpiar” la tarifa eléctrica de costes regulados y por la ampliación del plazo para amortizar el déficit de tarifa, entre otras cuestiones.
La Fundación Renovables ha participado recientemente en la consulta pública previa que ha lanzado el MITECO con motivo de la posible modificación del PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).
La organización ha hecho públicas sus propuestas, iniciativas que buscan que el precio de la electricidad responda al “pago por uso”, al mismo tiempo que se aumenta la transparencia de los costes de producción. Así, Fundación Renovables propone una tarifa monómica y progresiva, definida en función de la energía consumida y estableciendo una pequeña partida fija inferior a la actual.
Propuestas de la Fundación Renovables
En primer lugar, la organización señala que la tarifa regulada tiene que “avanzar hacia su consideración monómica, para que los costes fijos se transformen en variables, cobrando por la energía gestionada y no por la retribución de las inversiones realizadas hace años”.
“Esto -continúa el documento publicado por la Fundación- permitiría que el coste transferido al consumidor sea más transparente y reducido, de tal forma que se reflejen los costes reales. Además, evitaría las distorsiones actuales, que generan que el precio sea marginalmente decreciente cuando aumenta el consumo de electricidad”.
La segunda característica de la tarifa en la que pone el foco la organización es la progresividad. Según apuntan desde la Fundación Renovables, los costes deben ‘castigar’ económicamente el consumo por encima de ciertos estándares preestablecidos.
En este sentido, la organización establece tres tramos para el segmento doméstico:
- Consumo mínimo vital: Este tramo se caracteriza por contar con una potencia mínima de 2.3 kW, los primeros 1.500 kWh gratuitos, ciertas variables en función de la composición familiar y un IVA superreducido al 4 % que desaparece en el caso de una tarifa social para colectivos vulnerables.
- El tramo denominado consumo normalizado cuenta con un precio a cobrar según el sistema de reglas de transparencia.
- Consumo penalizado: Para valores por encima del nivel anterior, estableciéndose un coeficiente de mayoración, ya sea fijo o progresivo, del precio de la electricidad consumida en este tramo.
El tercer pilar de la propuesta de Fundación Renovables es el de ‘pago por uso’. La organización aboga por ‘limpiar’ la tarifa de los costes regulados. “Las partidas fijadas para la retribución de las inversiones de la distribución y el transporte de electricidad (38 % de los costes regulados) deberían aplicarse en función del servicio prestado, abriendo la posibilidad a que estos costes los asuman los contribuyentes y no los consumidores“, explican.
Otra de las aportaciones tiene que ver con el plazo fijado para amortizar el déficit de tarifa (un 15 % de los costes regulados). En este sentido, la Fundación propone extender el plazo de amortización hasta 2034, el límite permitido por la regulación. Asimismo, la organización apuesta por sacar los costes extrapeninsulares de la tarifa y que se sufragen mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Otras medidas
Subrayan desde la Fundación Renovables que, en 2019, los impuestos que soportaron los consumidores eléctricos representaron un 50 % más que el coste de la electricidad en el mercado mayorista. En este contexto, proponen una rebaja permanente del IVA al 10 %, un tipo superreducido para la tarifa social y aplicar el Impuesto de Generación del 7 % solo a las energías contaminantes.
La propuesta también insiste en la implementación de un nuevo modelo de gestión y actuación horario y en la necesidad de que las comercializadoras ofrezcan aquellas funcionalidades que faciliten la gestión horaria del consumo y la oferta de energía. Dentro de este nuevo modelo, la entidad aboga, también, por fomentar nuevos paradigmas de relación como los que representan las comunidades energéticas, agregadores y gestores de demanda y plataformas online para el intercambio de energía entre autoconsumidores.
Otro de los planteamientos es que toda la energía eléctrica que se suministre desde la tarifa regulada sea obligatoriamente 100 % renovable.
“La necesidad de electrificar la política energética de nuestro país es una tarea prácticamente imposible si el precio de la electricidad continua bajos los parámetros de fijación actuales, no siendo competitivo por causas regulatorias respecto a otras energías más contaminantes que debe sustituir”, concluyen desde la Fundación Renovables.
