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Morosidad: la futura Ley Crea y Crece es una “cortina de humo” para no atajar este problema

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), alerta además de que la Unión Europea está estudiando imponer a España una posible multa por no emprender medidas contundentes, tanto en el sector público como privado, para paliar esta grave situación.

La morosidad, o mejor su empeoramiento, vuelve de nuevo a la palestra. El anteproyecto de la Ley Crea y Crece, en audiencia pública desde el pasado 27 de julio, es un paso atrás que da el Gobierno de Pedro Sánchez, que no sirve para paliar esta lacra, uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes en España, y el escándalo de los plazos medio de pago, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

“Esta iniciativa legislativa no es más que una cortina de humo para decir en Europa que han tomado medidas para combatir la morosidad” y además “para no implantar el régimen sancionador”, ha resaltado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, en una conferencia virtual celebrada ayer, 15 de septiembre.

Un ejemplo que aporta esta entidad, tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, es que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar, con una deuda que asciende a casi 213 millones. Casos como el municipio de Jaén (con 624 días de promedio de pago a sus proveedores); Parla, en Madrid (con 384 días); o Jerez de la Frontera (con 302 días) son los ejemplos más evidentes de la desidia e ilegalidad en que se desenvuelven algunos entidades locales. Muchas pymes son las grandes perjudicadas en esta situación irregular.

La evidente falta de voluntad política para poner freno a este lastre es que, tras más de un año de la toma en consideración por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la proposición de ley que aprobaba el régimen sancionador, “se han producido ¡¡34 aplazamientos!! por enmiendas en la tramitación de esta ley; hay un claro interés en que esta inicativa legislativa no llegue a buen puerto”, recalcó el presidente de la PMcM.

Además, Cañete alertó de que la Unión Europea está estudiando imponer a España una posible multa por no emprender medidas contundentes, tanto en el sector público como privado, para reducir al máximo la morosidad. La institución europea está analizando exhaustivamente toda la documentación recibida.

 antoni canete

Antoni Cañete, presidente de la la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Medidas necesarias

El presidente de la Plataforma PMcM detalló algunas de las medidas que sería necesario aplicar para aliviar el abuso en los plazos de pago, sobre todo de las grandes corporaciones, y mejorar la situación de los impagos:

  • Imponer que se cumplan unos determinados requisitos, y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores, para poder acceder a los fondos europeos Next Generation UE (NGUE). “Supone una afrenta que, para alegar que se paga en plazo y así poder acceder a estos fondos, solo sea necesario presentar una “declaración responsable”. “Esta declaración dejaría sin efecto los plazos de pago que marca la ley”.
  • Modificar la fórmula de cálculo del plazo medio de pago para que se tengan en cuenta los confirming; “ya que estos enmascaran la realidad de los plazos de pago”, resaltó Cañete.
  • Respecto a la modificación de la Ley de contratos del Sector Público, la PMcM propone que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos; que no sea solo una potestad de los contratistas y la Administración Pública.

Empeoramiento de la situación de pymes y autónomos

Por otra parte, desde la PMcM ven positiva la propuesta recogida en el anteproyecto de la Ley Crea y Crece sobre implantar la factura electrónica en todas las pymes, lo que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”. Sin embargo, “creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos; muy al contrario, creemos que empeorarán ya que impone un modelo de factura electrónica gravoso para pymes y autónomos“, subrayó Cañete.

Asimismo, las compañías cotizadas del IBEX 35 liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, “triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales”, apuntó el presidente de la PMcM. En el último análisis de las empresas del IBEX realizado por la Plataforma este año se constató que el plazo medio de pago se situaba en 191 días.

Y respecto a las Administraciones Públicas, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda indican que los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley.

Todo lo anterior lleva a pensar al representante de la PMcM a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, apuntó finalmente Antoni Cañete.

 

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