La nueva normativa prohíbe la venta de vehículos no comerciales que emitan CO2 a partir de 2040 y establece “ambiciosos objetivos” de reducción de emisiones, eficiencia energética y penetración de las renovables, que se sitúan por encima de los asignados por la UE para España.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó este jueves con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establece los objetivos para alcanzar “la plena descarbonización de la economía antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100 % renovable“.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha “celebrado” la aprobación del texto, que ahora tendrá que ser refrendado por el Senado. Ribera ha recordado, asimismo, que los objetivos de la nueva normativa “constituyen un mínimo inquebrantable, porque se revisarán siempre al alza” y ha destacado que se sitúan por encima de los objetivos fijados para España por la Unión Europea.
Esto es lo fundamental
La Ley de Cambio climático establece una serie de “ambiciosos objetivos” para el horizonte 2030:
1- En primer lugar, recoge una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores (entre ellos movilidad, usos térmicos en edificios y residuos) del 39 %, 13 puntos por encima de la meta del 26 % fijada por la UE.
2- La penetración de las energías de origen renovable en el consumo de energía final debe alcanzar, como mínimo, el 42 % (la UE establece un objetivo de entre un 38 y un 40 %).
3- El texto fija, también, el objetivo de lograr un sistema eléctrico en el que, al menos, el 74 % de la generación proceda de energías de origen renovable.
4- Por lo que respecta a la eficiencia energética, España se ha fijado como objetivo alcanzar el 39,5 % (mientras que Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37 % para 2030).
5- La Ley prohíbe, a partir de 2040, la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros no destinados a usos comerciales, excluidos los matriculados como históricos, que emitan CO2.
6- Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible no más tarde de 2023.
7- En un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
8- La norma establece, asimismo, que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, ni permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Tampoco se admitirán actividades que utilicen la técnica del fracking.