Los 58 detenidos, algunos de ellos exempleados de comercializadoras energéticas, se hacían pasar por trabajadores de estas compañías para exigir a comercios y negocios de zonas turísticas el pago de unos supuestos recibos pendientes.
Una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular un grupo criminal que ha estafado más de 220.000 euros (aunque la suma podría ser mayor, ya que la investigación continúa abierta) a negocios y comercios haciéndose pasar por trabajadores de comercializadoras eléctricas.
Hasta el momento, la operación se ha saldado con un total de 58 detenidos y otros 12 investigados. Más de 160 personas han sido víctimas de esta banda, aunque “el número de afectados podría ser mucho mayor cuando concluyan las investigaciones”, han señalado fuentes de la Guardia Civil.
Así era su modus operandi
Los detenidos, vecinos de las provincias de Barcelona y Castellón, había creado un entramado personal y profesional para dar cobertura al fraude y contaban con información privilegiada, ya que algunos de ellos habían trabajado como comerciales o subagentes de compañías energéticas.
Tras reunir los datos necesarios, llamaban a comercios y negocios (principalmente del sector de la hostelería) y, al facilitar información verídica y creíble sobre el contrato, convencían a la víctima de la existencia de pagos sin ejecutar que, en definitiva, constituían una deuda con la compañía suministradora. Esta oscilaba entre los 300 y los 10.000 euros en función del tipo de comercio.
Para acelerar el pago, la banda amenazaba a sus víctimas con el corte inminente del suministro eléctrico si no procedían a saldar la deuda. Por ello, y con el objetivo de evitar el impacto que esta medida podría suponer para sus negocios en cuanto a pérdida de productos o cancelaciones de clientes, las víctimas procedían a realizar la transferencia a un número de cuenta que le facilitaban los propios estafadores.
Realizado el ingreso, los delincuentes retiraban el dinero en cajeros o bien transferían los fondos a cuentas de otros miembros de la organización, conocidos como mulas, y así lograban evitar que el dinero fuera bloqueado o reembolsado al pagador.
Además, los estafadores realizaban las llamadas los fines de semana, aprovechando el periodo de máxima afluencia de clientes a este tipo de negocios, con el objetivo de retrasar la reacción de las víctimas.
Los estafadores se adaptaron al COVID
La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común en diferentes puntos del territorio nacional y, principalmente, en zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Además, y debido a las consecuencias del COVID-19, el grupo modificó el destino de sus llamadas para sortear las restricciones de apertura de este tipo de establecimientos, por lo que también se han detectado numerosas llamadas a negocios de primera necesidad como, por ejemplo, panaderías.
