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La morosidad aumenta entre las administraciones públicas y las grandes empresas

Tanto instituciones como grandes corporaciones tardan, de media, 77 días en pagar las facturas a sus proveedores. Este dato hace que un 16 % de las empresas vea peligrar su viabilidad, según el 'Informe sobre la Morosidad' de la PMcM.

Los plazos de pago públicos y privados se han igualado. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del 'Informe sobre la Morosidad' que presentó este jueves la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

En concreto, el plazo medio de pago a proveedores en el sector público ha aumentado un 10 %, pasando de los 70 días en 2019 a los 77 en 2020. En el sector privado, por su parte, el incremento ha sido de un 5 %, ampliándose la demora media de los 73 días en 2019 a los 77 del pasado año.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM, calificó esta tendencia como "preocupante". "Podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las Administraciones Públicas (AAPP) frente a los del sector privado", añadió.

Cabe recordar que el plazo máximo legal es de 30 días para las AAPP y de 60 para las empresas privadas. En ambos casos, las cifras indican que se ha retrocedido a los niveles registrados en el año 2015 y 2016, respectivamente.

grafica plazo pagos privado ok

Gráfico con la evolución del plazo medio de pago a proveedores en el sector privado. Fuente: PMcM.

Las grandes empresas, las que más tardan en pagar

Dentro del sector privado, el 50 % de los encuestados afirma que las grandes empresas son las que más tardan en pagar. En concreto, aquellas que tienen una facturación superior a los 50 millones de euros.

Según los datos del mencionado informe, el 81 % declara que estas superan el plazo legal; el 36 % coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días); el 45 % señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días); y solo el 19 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

"El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez -ha señalado Cañete- ni tampoco en las administraciones, que, en una época como la que estamos viviendo, deben ayudar a aumentar la liquidez del tejido empresarial".

¿Cuál crees que sería la medida más eficaz para reducir la morosidad?

En peligro la viabilidad de pymes y autónomos

En el otro lado de la balanza se encuentran los autónomos y pequeñas empresas, que comienzan a ver cómo esta situación está afectando a sus negocios: "Un 16 % de las empresas encuestadas (de un total de 800) ven claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios", ha subrayado Cañete.

Algo que también está provocando que algunas micropymes, pymes y autónomos comiencen incluso a demorar sus pagos: el 26 % de las empresas que están ampliando el plazo de sus pagos son pymes y el 24 % micropymes y autónomos.

De hecho, cuando se les pregunta a las empresas encuestadas por su primera opción en caso de necesitar financiación, un 23 % afirma que ampliaría el plazo de pagos a sus proveedores, mientras que un 70 % afirma que solicitaría financiación para ello. El 7 % restante apostaría por la ampliación de capital.

grafica morosidad interior

 Imagen de Antoni Cañete presentando de forma virtual el 'Informe sobre Morosidad' de la PMcM.

Expectativas para 2021

El 'Informe sobre Morosidad' presentado por la Plataforma también refleja que las expectativas con respecto a que en 2021 se rebajen estos plazos de pago no son muy alentadoras: el 48 % considera que aún serán más largos, el 50 % cree que continuarán siendo iguales y tan solo el 2 % restante opina que podrían ser más cortos.

Además, los encuestados declaran que "si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11 % reduciría su necesidad de financiación en más de un 40 % y el 24 % de los encuestados la rebajaría entre un 20 % y un 40 %".

"Urge a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, se mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos, en un contexto marcado por el COVID-19", ha insistido Antoni Cañete.

Cabe recordar que la Ley que supondría la implantación de este régimen está en trámite de enmiendas, cuyo plazo finaliza el próximo 3 de marzo.

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