El Gobierno anunció este martes que sacará del recibo eléctrico los costes derivados de las primas a las renovables. El nuevo sistema se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía. Los agentes del sector han valorado positivamente la iniciativa.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), acordó este martes iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Este fondo, que estará gestionado por el IDAE, financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE) que dejarán de formar parte de la factura de la luz que abonan todos los consumidores, ya sean particulares o empresas, y que ascienden a 7.000 millones de euros al año.
El nuevo Fondo de Sostenibilidad se financiará a través de las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía. Al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales, en este nuevo régimen serán los comercializadores de todos los sectores energéticos (compañías de gas natural, eléctricas, petroleras y operadores de gases licuados de petróleo al por mayor) los que contribuyan al fondo en función de sus ventas de energía y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
La implantación del nuevo sistema será gradual a través de un calendario de 5 años para permitir la adaptación progresiva de todos los agentes. Desde el Gobierno estiman que la factura eléctrica doméstica se reducirá, al menos, un 13 % gracias a la disminución de los cargos.
Un paso positivo para “repartir los esfuerzos”
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) valoran muy positivamente el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley. Estos agentes coinciden en señalar que era necesario repartir la financiación de las renovable entre todo el sector energético y que no repercutiera únicamente en los consumidores.
“Desde APPA Renovables se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental bajo el principio de ‘quien contamina, paga’. La transición energética y sus costes no deben ser sostenidos únicamente por los consumidores, son responsabilidad de todo el sistema energético”, argumentan desde la asociación.
En la misma línea, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica recuerda que “uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. En este sentido, desde aelec recalcan que “el eléctrico es el sector energético que más ha reducido sus emisiones hasta la fecha y el que más va a hacerlo a lo largo de la próxima década”.
Además, la asociación subraya que la reducción gradual de la factura eléctrica supondrá una mejora importante en la competitividad de muchas industrias que son especialmente dependientes del precio de la luz.
Por último, desde UNEF defienden que el anteproyecto de Ley “resuelve una anomalía como era que solo la electricidad financiase los costes de las renovables” y creen que “dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, tal y como explica Rafael Benjumea, presidente de la organización. Para terminar, desde la Unión Española Fotovoltaica califican el anteproyecto como “un paso importante para avanzar en la necesaria descarbonización de la economía”.
