Las trabas administrativas y la falta de incentivos ponen en peligro el despliegue de 100.000 puntos de recarga

El Gobierno estableció en su Plan de Recuperación alcanzar esta cifra en el año 2023. AEDIVE pone en duda la consecución de este objetivo si se mantienen los actuales trámites burocráticos y propone diez medidas para impulsar el desarrollo de este tipo de infraestructuras.
Por Pablo García
Un vehículo eléctrico aparcado junto a varios puntos de recarga.
Un vehículo eléctrico aparcado junto a varios puntos de recarga.
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España puede alcanzar los 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2023 siempre y cuando se eliminen las trabas administrativas que actualmente lastran el despliegue de esta infraestructura y se intensifiquen los incentivos para su desarrollo.

Así de contundente se ha mostrado AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, después de que el Gobierno presentase el Plan de Recuperación en el que se incluye el objetivo de alcanzar los 100.000 puntos de recarga en el año 2023.

“El problema radica en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y que parte, principalmente, de las administraciones públicas que, por otro lado, son las que reclaman ese despliegue”, señala Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.

Comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras han participado en un grupo de trabajo en el marco de AEDIVE, donde se ha analizado la posibilidad de poder cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno. A partir de este encuentro, la asociación ha expuesto las principales barreras a las que se enfrenta el sector y una serie de propuestas para impulsar el incremento de puntos de recarga.

Barreras para llegar a los 100.000 puntos de recarga

Los operadores de recarga, señala AEDIVE, se enfrentan a dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura: por un lado, la obtención de los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras y, por otro, los permisos y criterios que dependen de cada ayuntamiento.

En lo que atañe a la primera barrera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para vehículo eléctrico a estaciones de servicio, con lo que los requisitos para su implantación eran muy estrictos. Recientemente se han suavizado estos requerimientos, pero el trámite “continúa dificultando las operaciones”, señalan desde la asociación.

Además, añaden desde AEDIVE, “el plazo de tiempo que tarda este organismo en responder es desorbitado, ya que puede alargarse hasta un máximo de seis meses”.

Por lo que respecta a la segunda barrera anteriormente mencionada, desde la asociación subrayan que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen normativas y/o criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que, de nuevo, supone una complicación de los procesos de tramitación y, en ocasiones, un retraso de los mismos.

En su opinión, ¿cuál es la principal barrera para avanzar en las infraestructuras de recarga eléctrica?

Encuesta finalizada

Propuestas de AEDIVE

Para facilitar el despliegue de los puntos de recarga y cumplir con los objetivos planteados por el Gobierno, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica ha presentado una serie de propuestas, entre las que destacan las siguientes:

  • Las instalaciones de recarga en suelo público se deben licitar de forma homogénea, priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.
  • AEDIVE defiende la sustitución de las múltiples licencias necesarias para el desarrollo de estas infraestructuras por una declaración responsable.
  • La agrupación propone, también, la creación de una ventanilla única para las administraciones, “con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites”.
  • Defiende, asimismo, que las infraestructuras de más de 250 kW sean declaradas de interés estratégico nacional para reducir los trámites administrativos.
  • AEDIVE insta al Ministerio de Industria a que apruebe los proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta 1 año.
  • La asociación apuesta por ampliar a diez años el periodo de las concesiones para áreas de servicio, con el fin de hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.
  • La Circular 3/2020 de la CNMC ya estableció un peaje específico opcional para puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público, con menor peso del término fijo, pero sigue pendiente el desarrollo de los cargos. AEDIVE solicita la eliminación de los cargos de la tarifa eléctrica.
  • La asociación también solicita que se establezcan medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado, de manera similar a lo que se realiza en suelo urbanizado.
  • Aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, así como un incremento en el presupuesto del plan MOVES dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas.
  • Por último, AEDIVE insta a la administración a facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa.
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