ANESE y otras asociaciones, que conforman la alianza 'Rehabilitar el futuro', instan al Ejecutivo a pasar de las palabras a los hechos.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) ha impulsado, junto con otras asociaciones, un Manifiesto para que la rehabilitación energética del parque edificado sea declarada “medida prioritaria de interés general“.
En el documento, firmado también por Greenward Partners, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Green Building Council España, hacen un llamamiento a la Administración, y en concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso (constituida por las crisis del COVID-19), para que acelere la creación de un marco de actuación “que permita -subrayan- convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios“.
Para ello, proponen 20 líneas de actuación, y basan sus reivindicaciones, entre otros aspectos, en el hecho constatable de que la Unión Europea ha establecido, como primera prioridad de su política de recuperación económica pos-COVID-19, la denominada ‘oleada de renovación inmobiliaria‘, a la que ha destinado un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros (que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones).
Líneas de actuación para impulsar la rehabilitación energética
En el Manifiesto, al que han llamado ‘Rehabilitar el futuro‘, también se recogen las diferentes medidas que ha ido anunciado y adoptando el Ejecutivo en relación con la eficiencia energética, la sostenibilidad, el cambio climático, etc. Pero insisten en que, “una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos”, e instan al Gobierno a “pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”. Y éstas son las 20 líneas de actuación que proponen:
1.- Que se reconozca de manera explícita el carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones, y que se plasme explícitamente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
2.- Que se cree el Pasaporte Energético para agilizar las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
3.- Que se introduzcan bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
4.- Que se incluya la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
5.- Que se cree un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico, que funciona de forma eficiente en otros países.
6.- Que se fomenten y apoyen iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
7.- Que se regule la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
8.- Que se implante un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
9.- Que se habilite el Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
10.- Que se pongan en marcha mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
11.- Que se incluya el sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios; y que se inscriba a los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
12.- Que se creen ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
13.- Que se apueste por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, y que se fomente el ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.
14.- Que la ejemplaridad de la Administración pública sea constatable al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3 % de su parque edificatorio y elevarlo a un 6 %.
15.- Que se cree un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
16.- Que se impulsen y apoyen la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y que haya una mayor democratización del sistema energético.
17.- Que se promocione la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones.
18.- Que se potencie la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.
19.- Que se incorporen mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
20.- Que se cree una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.
