El Congreso, reunido el 15 de julio en Pleno extraordinario, convalidó el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Almacenamiento, hibridación y la figura del agregador independiente se incorporan al ordenamiento juridico.
Por 188 votos favorables, 1 voto en contra y 158 abstenciones, el Congreso de los Diputados convalidó el 15 de julio el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Esta norma recoge una batería de medidas con el fin de impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100 % renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.
Entre otros aspectos, la norma suprime barreras para el despliegue masivo de energías renovables, introduce nuevos modelos de negocio vinculados a las renovables y fomenta la eficiencia energética. Además, fija el próximo 31 de octubre de 2020 como la nueva fecha límite para la finalización del Segundo Dividendo Digital, que ya aprobó el Gobierno el pasado 23 de junio; este proceso permitirá liberar la banda de 700 MHz para la implantación de los servicios 5G.
Modelos de negocio ligados a renovables
Una de las cuestiones más destacadas del texto es que incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio para la transición ecológica, que han sido largamente demandados por el sector de las renovables. Así, en primer lugar, regula el almacenamiento de energía, por lo que se permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables. En segundo lugar, en esta norma se permite la hibridación, lo que posibilita la combinación de diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación.
Además, el real decreto-ley introduce la figura del agregador independiente, un nuevo modelo de negocio que se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado. De igual forma, y muy importante, se regulan las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.
Por otra parte, y con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el texto otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), para permitir que se abran estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas.
Evitar la especulación en los permisos de acceso y conexión
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, defendió en el pleno el texto del real decreto-ley, que establece los criterios para ordenar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, necesarios para que los promotores de energías renovables puedan poner en marcha sus plantas. Esta regulación endurece las condiciones de las autorizaciones para garantizar que estén ligadas a proyectos reales y con garantías, con el objetivo de evitar actuaciones especulativas. Para ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez, se establecen una serie de hitos administrativos que los titulares deben ir cumpliendo; de no realizarse así, su concesión caducaría inmediatamente.
Nuevo sistema de subastas
En este contexto, este real decreto-ley habilita un nuevo sistema para las subastas de electricidad procedente de energías renovables, con el objetivo de mejorar la previsibilidad y estabilidad de los ingresos y financiación para los inversores. De esta forma, la variable por la que se pujará será el precio de la energía, sometida a la regulación del Ejecutivo. Además, este nuevo marco distinguirá entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, para que puedan competir en igualdad de condiciones.
Asimismo, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
Con este cambio de la regulación, el Gobierno prevé que se traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. “El traslado de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española“, subraya el Ejecutivo.
Por otra parte, este texto simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y su infraestructura eléctrica, con lo que se eliminan las barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Con estas medidas, el Gobierno pretende impulsar la inversión en renovables y a la actividad económica, a lo largo de toda la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, con especial atención a la creación de empleo.
