Los Gremios de Instaladores de Cataluña reclaman que el Gobierno les permita trabajar sin restricciones, cumpliendo, eso sí, las medidas indicadas por las autoridades sanitarias.
Desde que se estableció el estado de alarma, mensajeros y repartidores están accediendo a las comunidades de propietarios de toda España para entregar las compras online que han proliferado debido al confinamiento. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con otros sectores, debido a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Uno de esos sectores es el de los instaladores, que, si bien su actividad ha estado considerada desde el primer momento como servicio esencial, para atender averías y reparaciones urgentes, y garantizar el suministro eléctrico y de telecomunicaciones, no han podido realizar otro tipo de trabajos en las comunidades de vecinos (como reformas o rehabilitaciones) para evitar los contagios.
Desde la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGiCAT) no están de acuerdo con esta medida, sobre todo desde que esta semana se produjera un “alivio” del confinamiento y se autorizasen, como parte de la Fase 0 del plan de desescalada diseñado por el Gobierno, determinadas obras de reforma y rehabilitación en edificios.
Jaume Alcaide: “No se entiende”
Y así lo ha puesto de manifiesto el presidente de FEGiCAT, Jaume Alcaide: “No se entiende que los instaladores no puedan ir aún a hogares o comunidades a realizar sus actividades de mantenimiento, reparación o nuevas instalaciones, cuando repartidores o mensajeros sí que acceden a estas comunidades, especialmente cuando nuestro colectivo está bien protegido con elementos más exigentes, y bajo el riesgo de tener un cese de actividad obligado en caso de contagio”.
En estas circunstancias, la Federación catalana ha realizado una encuesta entre su colectivo para evaluar el impacto que la crisis del COVID-19 está ocasionando, y los resultados no son, a priori, nada esperanzadores. Falta de liquidez, morosidad, escasez de Equipos de Protección Individual (EPI)… son sólo algunos de los problemas que refieren los 700 instaladores que han cumplimentado la encuesta.
De ellos, el 83 % ha aventurado que, de continuar la situación actual, tan sólo podrían mantener su negocio un máximo de dos meses antes de echar el cierre debido, principalmente, a la falta de liquidez. Y es que, a pesar de las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno desde el inicio de la crisis, sólo un 28 % de los encuestados ha podido acceder a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Que se permita trabajar sin restricciones
Además, un 52 % de los instaladores catalanes que han participado en el sondeo de FEGiCAT han visto incrementada la morosidad en sus cobros en un 20 %. Y la situación, según afirman, “va considerablemente al alza”. Y casi el 82 % afirma estar atendiendo servicios de urgencia, pero en situaciones precarias por falta de EPI.
Así las cosas, y según traslada FEGiCAT, los instaladores reclaman que el Gobierno les permita trabajar sin restricciones, cumpliendo, eso sí, las medidas indicadas por las autoridades sanitarias. Porque, aunque la Federación catalana reconoce que la normativa publicada esta semana para reactivar las obras en edificios residenciales “ha sido un pequeño paso hacia adelante“, también señala su presidente que, aunque es consciente de que “buscar el equilibrio entre economía y sanidad no es nada fácil, no hay que perder de vista la gravísima situación económica a la que se enfrentan nuestras empresas y autónomos”, y sus consecuencias “también pueden ser dramáticas”, concluye.
