Aprobado en el Consejo de Ministros del 31 de marzo, el Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla, entre otras acciones, un 74 % de presencia de energías renovables en el sector eléctrico y un 39,5 % de mejora de eficiencia energética en la próxima década.
El Consejo de Ministros del pasado 31 de marzo acordó remitir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 a la Comisión Europea, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.
“El texto enviado -señalan desde el Ministerio- coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan, y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero como borrador actualizado”. La fase de consulta, que debía haber concluido el 25 de marzo, está suspendida con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno.
Por lo tanto, desde el Ejecutivo matizan que el documento enviado a Bruselas “se modificará y, en su caso, se remitirá nuevamente” en aquellos aspectos “que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas”.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, “el texto da respuesta a las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea” y, como tal, “incluye mejoras en el modelo y aborda las cuestiones derivadas de la consulta pública realizada entre el 22 de febrero y el 1 de abril de 2019, así como las recomendaciones contenidas en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica“.
Entre otras cuestiones, el PNIEC incorpora nuevas medidas y mayor detalle, reforzando los objetivos y los resultados. También incluye un análisis, con participación de Red Eléctrica de España (REE), que avala la seguridad del suministro eléctrico del mix energético que se fija el plan para 2030.
Impacto socio-económico del PNIEC
El PNIEC, que estima una movilización de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030, incluye un análisis de los efectos macroeconómicos sobre la economía y la industria española, el empleo y la salud pública. Entre dichos efectos, el Ministerio destaca:
- Mejora del empleo: el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas. Se trata de un aumento del 1,7 % respecto a un panorama sin las medidas del PNIEC. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de trabajo adicionales y no acumulables que se crean cada año desde 2021 a 2030. En concreto, las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año en 2030; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000 puestos de trabajo; y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Indirectamente, el cambio energético creará hasta 118.000 empleos netos en 2030.
- Menor dependencia energética del exterior: la menor importación de combustibles fósiles –en especial, petróleo y carbón– y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior que pasa del 74 %, según el dato de 2017, al 61 % en 2030. La reducción de las importaciones de combustibles fósiles alcanza los 63.781 millones de euros entre 2021 y 2030 respecto al escenario tendencial.
- El ciudadano, en el centro: entre otras cuestiones, el PNIEC incorpora medidas en materia de transición justa y pobreza energética, en línea con la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que establece indicadores y objetivos de reducción de al menos un 25 % en 2025. En este sentido, se incluye la participación local en proyectos renovables, el fomento de la energía renovable a partir de biomasa o la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial. Tambié se proponen instrumentos para garantizar a los consumidores el derecho a consumir, producir, almacenar y vender su propia energía renovable.
- Beneficios para la salud: las medidas del PNIEC rebajarán el nivel de las partículas PM 2,5 en un 33 %. En el caso de las del dióxido de azufre (SO2), la reducción es del 38 %, y en cuanto a los óxidos nitrosos (NOx), el descenso es del 35 %. La mejora en la calidad del aire del conjunto del país se traduce en una disminución de los daños a la salud en forma de menos muertes prematuras, que se reducen en un 27 % sobre un contexto sin medidas.
