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Estado de alarma: Éstas son las 11 medidas que las empresas instaladoras plantean al Gobierno

FENIE y CONAIF ponen sobre la mesa asuntos como los ERTE, el cese de actividad de los autónomos, el impuesto de sociedades, los desplazamientos de trabajadores o el material de seguridad para los instaladores.

El colectivo de empresas instaladoras, representado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones (FENIE) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores (CONAIF), considera que el nuevo escenario al que tienen que hacer frente, tras el decreto del estado de alarma, está afectando significativamente al sector de las instalaciones.

Por ello, solicitan, de forma expresa, una serie de medidas "para garantizar -subrayan- la continuidad laboral y económica de las empresas instaladoras" durante la actual coyuntura de emergencia sanitaria ocasionada por la expansión del COVID-19.

1.- Incorporar la actividad de las empresas instaladoras en los servicios que puedan acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, de tal forma que, en aquellos casos que sea de aplicación, los ERTE se puedan efectuar sin que haya dudas en su concesión.

2.- Que los ERTE sean de aplicación a partir de la fecha de inicio de la declaración de alarma.

3.- Agilizar y reformar los medios telemáticos para la solicitación de ERTE.

4.- Que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos sea de oficio y con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma.

5.- Anular el pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a las pymes.

6.- Eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, en caso de que ejecute algunas de las medidas incorporadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

7.- Autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las empresas instaladoras a nivel nacional, siempre que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas en aquellos casos en los que tengan que continuar con su actividad.

8.- Permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las condiciones de seguridad.

9.- Proporcionar de forma prioritaria al colectivo de empresas instaladoras de elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su actividad en condiciones de seguridad a través de las mutuas o, en su caso, las asociaciones de empresas instaladoras.

10.- Incorporar los CNAES (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) del ámbito de las instalaciones dentro de las empresas potenciales de recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el COVID-19.

11- Incorporar, o aclarar, en su caso, que los alquileres de locales o tiendas de empresas instaladoras que hayan tenido que suspender su actividad dentro del establecimiento al paquete de ayudas previsto para el aplazamiento en el pago de hipotecas.

FENIE y CONAIF representan a cerca de 40.000 empresas instaladoras que dan trabajo a más de 300.000 profesionales, "lo que supone una parte fundamental del tejido empresarial de este país y un gran volumen de negocio, por lo que el número de empresas afectadas es significativamente alto", señalan ambos colectivos.

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