El nuevo texto legal, que entrará en vigor cuando sea aprobado por el Parlamento, especifica cómo tendrá que ser la red de recarga para que la movilidad eléctrica se convierta en realidad.
Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deben impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida. Así lo recoge (y lo destaca como novedad) el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que ya ha iniciado la recta final hacia su tramitación administrativa, según ha informado el Ministerio del ramo.
El documento, que obliga a estos municipios y territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, contempla los pasos a seguir para “favorecer la expansión del vehículo eléctrico“, aspecto éste que el Gobierno promoverá y en el que estarán implicadas todas las administraciones públicas.
De hecho, el borrador del anteproyecto incluye la exigencia de que las administraciones “adopten medidas para alcanzar, en 2050, un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de C02″. Pero, además, el nuevo texto legal, que entrará en vigor cuando sea aprobado por el Parlamento, especifica cómo tendrá que ser la red de recarga para que la movilidad eléctrica se convierta en realidad.
- El Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.
- El Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.
- Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.
- Será obligatorio instalar, al menos, un punto de recarga rápida (50 kW) en aquellas estaciones de servicio que, por tener un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida.
