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El Consejo Asesor de Medio Ambiente se reunió el pasado 10 de febrero. (Foto: Ministerio para la Transición Ecológica).
El Consejo Asesor de Medio Ambiente se reunió el pasado 10 de febrero. (Foto: Ministerio para la Transición Ecológica).

Qué obligaciones tendrá el sector eléctrico con la nueva ley de cambio climático

El anteproyecto de ley está en su recta final, pero todavía quedan algunos pasos antes de que llegue al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

El anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que constituirá el nuevo marco normativo e institucional para la adecuación "de nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática", inicia la recta final hacia su tramitación administrativa, según ha informado el Ministerio del ramo.

El nuevo texto legal se convertirá en una "herramienta que facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050", subraya el Departamento que dirige Teresa Ribera.

Obligaciones para operadores, transportistas y distribuidores

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos.

Cada dos años, y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades, asociados a un sistema energético descarbonizado, sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

Asimismo, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización a 2050, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.

El anteproyecto se fija para 2030 generar el 70 % de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía provenga de renovables; y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35 % respecto a un escenario tendencial.

Subastas para impulsar las renovables

El anteproyecto "da un impulso decidido a las energías renovables", según informa el Ministerio. Desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de, al menos, 3.000 MW de instalaciones renovables.

El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad.

A la hora de convocar las subastas, se podrá distinguir entre tecnologías, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y de madurez tecnológica u otros acordes con la normativa comunitaria.

El anteproyecto incorpora un artículo para promover y facilitar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en el ámbito de la edificación. De igual modo, se prolonga la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2030. 

También se favorecerá la hibridación de las instalaciones —que podrán evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre y cuando se cumpla con los requisitos técnicos preceptivos— y el aumento de potencia dentro de la capacidad máxima de acceso.

Cese de actividad de centrales térmicas de generación

Por otro lado, los convenios de transición justa -cuyo objetivo es el fomento de la actividad económica y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en la transición hacia un desarrollo bajo en carbón- podrán incluir el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica.

También se podrá incluir el derecho prioritario al uso y volumen de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica con arreglo a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.

CAMBIO CLIMATICO 2

El camino hacia la tramitación de la ley

  • Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su reunión del 10 de febrero (foto superior), este órgano de encuentro y participación entre la Administración y los sectores sociales y económicos relacionados con el medio ambiente ha tomado en consideración el anteproyecto, que previamente se había sometido a información y audiencia públicas, y que había incorporado alegaciones resultantes de este proceso.
  • Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. Tras el paso mencionado anteriormente, el borrador del anteproyecto será tratado con las comunidades autónomas.
  • Consejo de Estado. El estudio y valoración por parte del Consejo de Estado es el último paso antes de que el anteproyecto se lleve al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado es el principal órgano consultivo del Gobierno y emite informes, a petición de éste, sin poder vinculante.
  • Congreso de los Diputados. Tras los pasos anteriormente descritos, el borrador del anteproyecto iniciará su tramitación parlamentaria. Teresa Ribera quiere que el texto "llegue cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento -ha señalado- por parte de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre el anteproyecto de ley de cambio climático

El nuevo texto, tal y como está redactado en estos momentos, consta de 37 artículos que se estructuran en nueve títulos. También contiene cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y 11 disposiciones finales.

Una de las novedades es que este borrador ha incorporado un nuevo título dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de Clima y Energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.

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