Así lo afirman las principales asociaciones del sector fotovoltaico, de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética, así como entidades de la sociedad civil, en un comunicado. El peso de la parte fija en una factura media es del 40 %, cuantía que se destina a sufragar los costes del sistema.
La reforma de la estructura de la tarifa eléctrica prevista para los próximos meses se erige en un aspecto prioritario si se quiere cumplir con los objetivos de transición ecológica y además convertir a los ciudadanos en actores activos en la lucha contra el cambio climático. Así lo han afirmado las principales asociaciones del sector fotovoltaico, de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética, junto a entidades de la sociedad civil.
En este sentido, hay que subrayar que el peso de la parte fija en una factura eléctrica media es del 40 %, lo que implica que casi la mitad del recibo de la luz que paga el consumidor se destina a sufragar los costes del sistema, con independencia del consumo de energía realizado o del esfuerzo de las personas por ahorrar, invertir en energías renovables o en otro tipo de mejoras de la eficiencia energética.
“Esta situación, además, representa una anomalía con respecto a los países de nuestro entorno, donde la media del peso de la parte fija es un 22 %. Un aumento del peso de la parte fija de la tarifa supondría asimismo un impacto negativo en la creación de nuevas oportunidades de empleo en los sectores de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, fotovoltaico y de la movilidad eléctrica, entre otros.
Así, por ejemplo, APIEM (Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid) defiende también que una bajada del importe fijo de la factura eléctrica fomentaría la puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética en los hogares, lo que repercutiría en la estabilidad y mantenimiento del empleo de su sector que, actualmente, y según datos del INE para la Comunidad de Madrid, está conformado por unas 2.000 empresas con una facturación en torno a los 4.500 millones de euros y que dan empleo a unos 32.000 profesionales.
Penalización a los consumidores que invierten en eficiencia energética
En este contexto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) define unos objetivos de la transición energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, para cumplirlos, es necesario mejorar en un 39,6 % la eficiencia energética. Según los últimos datos obtenidos por el Observatorio de Eficiencia Energética de ANESE, el ahorro en la factura energética es una de las motivaciones principales que llevan a los clientes finales a efectuar medidas de ahorro y eficiencia en sus instalaciones y hogares.
Si disminuye, en términos relativos, la parte variable de la factura, es decir, la que se paga por el consumo de energía, las medidas de eficiencia energética que lleve a cabo el consumidor van a tener menor impacto; “por tanto, estaremos penalizando a aquellos consumidores que ahorran e invierten en mejorar su eficiencia energética”, explican asociaciones como UNEF, ANESE, AEDIVE o A3e.
Un aumento del término fijo perjudicaría el autoconsumo
Asimismo, un incremento de la parte fija de la factura desincentivaría la instalación del autoconsumo, porque los aumentos en el término de potencia alargan los plazos de amortización de estos proyectos. En esta línea, cabe recordar que el autoconsumo es uno de los pilares de la transición ecológica, tal y como reconoce el PNIEC.
Barrera para el desarrollo de la movilidad eléctrica
Cualquier alza en el precio de la factura de electricidad afecta al vehículo eléctrico y este impacto es especialmente negativo si se aumenta el elemento fijo que se paga cada mes, independientemente del uso que se haga, porque provoca aún más reticencias a la hora de cambiar desde la combustión a la electricidad.
Además, “el término de potencia es el principal responsable de la falta de desarrollo de los puntos de carga rápida para el vehículo eléctrico en carretera, indispensables para viajes de distancia superior a los 250 kilómetros”. Un alto término fijo genera costes adicionales para estos puntos de carga, convirtiéndose en una barrera para el desarrollo de la movilidad eléctrica.
Los consumidores en situación de pobreza energética, entre los más perjudicados
Finalmente, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), de 2018, hay un 15 % de la población en situación de pobreza energética escondida, un indicador que pone de relieve a una parte de las personas que, como estrategia ante su situación de vulnerabilidad, reducen al mínimo posible su consumo energético.
Para estos consumidores con un gasto reducido, debido a la situación de vulnerabilidad energética en la que viven, la parte fija de la factura puede suponer una parte muy importante de su gasto energético en la vivienda. Es una forma de tarificación regresiva ya que los hogares vulnerables soportan una mayor carga (en términos relativos por kWh consumido efectivo y en comparación con hogares de mayores ingresos) de la parte de costes fijos de la factura eléctrica.
Las organizaciones firmantes de este comunicado son:
- Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
- Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E).
- Asociación de Empresas de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).
- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energético (ANESE).
- Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM).
- Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC).
- Patronal CECOT.
- Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
