La patronal de media y alta tensión pide incentivos para invertir en las redes eléctricas de distribución

La Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) solicita incentivos para la inversión en redes eléctricas de distribución. "La Unión Europea ha marcado objetivos ambiciosos hacia la descarbonización de la economía, que en España se plasman en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Tales objetivos solo se conseguirán mediante la electrificación de la economía, ya que es la electricidad el vector energético que ha demostrado más alta capacidad de integración de fuentes renovables".

La patronal de media y alta tensión expresa así su alegación a la propuesta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), sometida estos días a consulta pública, sobre la metodología de cálculo de las tasas de retribución de las inversiones en redes para el periodo regulatorio 2020-2025.

Desincentivación de la inversión en la red eléctrica

"Solo mediante la adecuada y justa incentivación de la inversión, a través de una tasa de retribución adecuada, se podrán sentar las bases de una red de distribución adaptada a los retos de la descarbonización. Por el contrario, la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no solo propone una importante bajada de la tasa de retribución de la inversión, sino que aplica a las ineludibles inversiones en digitalización de la red el mismo factor reductor que aplica a los costes de operación y mantenimiento", argumenta AFBEL.

Asimismo, "estos factores van a desincentivar la inversión poniendo freno a la necesaria modernización de la red de distribución y al desarrollo de las tecnologías que nuestros fabricantes ofrecen por todo el planeta en las mejores condiciones competitivas y de vanguardia tecnológica", subraya la entidad que ejerce su actividad en el sector eléctrico.

En esta línea AFBEL añade que ésto solo es una confrontación directa con los objetivos planteados en el PNIEC: "La integración masiva de fuentes renovables, el autoconsumo y generación distribuida, la electrificación de transporte en general y el despliegue de infraestructura de carga del vehículo eléctrico, elevan sustancialmente el nivel de exigencia sobre la red de distribución y conllevan, ineludiblemente, el refuerzo y la digitalización de la misma. El propio PNIEC valora en más de cuarenta mil millones de euros la necesidad de inversión en red hasta 2030".

La propuesta de la CNMC

Tal y como ha establecido la CNMC en su propuesta, las variaciones medias de la retribución para el siguiente período regulatorio (de seis años para el transporte y distribución de electricidad y gas; y de tres años para los operadores del sistema), son las siguientes:

Fuente: CNMC

En palabras de la Comisión, "se trata de una metodología explícita para el cálculo de la tasa de retribución financiera, basada en el WACC (Weighted Average Cost of Capital o Coste Medio Ponderado de Capital). Es consistente, reproducible y ampliamente, utilizada entre los reguladores europeos para el cálculo de la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector eléctrico y gasista. Además, esta metodología minimiza la incertidumbre regulatoria, ya que, al ser fácilmente replicable, facilita la predictibilidad de las tasas de retribución futuras y contribuye a generar un entorno más estable y favorecedor de la inversión".

Es importante recordar que la propuesta hecha pública por la CNMC, en forma de circular, se encuentra en proceso de consulta pública hasta el próximo 9 de agosto. Hasta entonces agentes, como AFBEL, podrán presentar sus alegaciones para que la Comisión las analice antes de aprobar las circulares normativas definitivas. Estos cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio que, en la electricidad, comienza en 2020 y finaliza en el año 2025; y en el caso del gas, se inicia en 2021 y termina en 2026.

Por otro lado, cabe mencionar que diversas entidades financieras y fondos de inversión han penalizado estos días en Bolsa a las compañías eléctricas y a las distribuidoras de gas, así como a los entes de transporte, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás.