Según el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018”, presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el pasado 25 de febrero, la morosidad crece, por lo que reivindican la implantación urgente del régimen sancionador.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presentó el pasado 25 de febrero su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018”, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se incrementó en el sector público en 3 días (un 4,6 %) —pasando de 65 a 68—, y en el segmento privado creció en 4 días más (un 5,2 %) —ascendiendo de 77 a 81 días—, alejándose en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
Casi la totalidad de los encuestados (94 %) del informe manifestó estar a favor de la puesta en marcha de un régimen sancionador. Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, con este sistema de multas “se reduciría notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. Por ello, con la llegada del próximo Gobierno, instó a que “se agilice en el Congreso la tramitación de la ley que posibilitará la implementación del régimen sancionador”.
Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, en 2018 el 63 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 86 % de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
Las grandes compañías, las grandes morosas
La PMcM siempre ha mantenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 64 % de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, Cañete observó que, “después de nueve años, no deja de sorprender que un 36 % de las empresas aún la desconozca”.
Como novedad este año, el informe de la PMcM ha analizado la tipología de las empresas morosas. El 59 % de los encuestados aseguran que el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).
Además, cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son compañías de gran tamaño, el 39 % coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42 % señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días); es decir, solo el 19 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
La ley, paralizada en el Congreso
Desde la PMcM recuerdan que hace ya casi dos años que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la tramitación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Sin embargo, la normativa no ha terminado de salir adelante porque “ha habido ciertos intereses y presiones de las grandes superficies que han influido en el PSOE y el Partido Popular. Dichos intereses han hecho que, incluso a través de alguna transaccional, se plantee volver al pacto entre las partes, con todo lo negativo que esto conllevaría”, explicó Cañete.
Cañete también insistió en que, en caso de que no se haga el Real Decreto que se reclama, entonces en la nueva legislatura se tiene que poner de inmediato en marcha la ley, porque traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.
La fórmula del confirming
Por otro lado, según los análisis que ofrece la CBBE (Central de Balances del Banco de España), la PMcM ha detectado “un desfase entre el plazo en el que las empresas dicen que pagan y en el que realmente lo hacen”; cabe recordar que la CBBE ahora integra las cifras de los Registros Mercantiles y de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Así, el 56,5% de las empresas pagan dentro del plazo legal, aunque los datos declarados por las propias compañías lo elevan en más de 20 puntos. Cañete achaca esta distorsión, entre otras causas, “a la fórmula que se utiliza en los balances presentados por las propias compañías para calcular el PMP, porque en ella no se considera al confirming como deuda comercial pendiente de pago”.
