El Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que será el marco normativo que facilite y oriente la descarbonización de la economía española con vistas a 2030 y 2050.
Energías renovables, movilidad sostenible, contratación pública, adaptación al cambio climático y educación e innovación son los grandes ejes sobre los que gira el tan ansiado anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica.
Este anteproyecto será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española con vistas a 2030 y 2050, tal y como establece la Unión Europea y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. Este marco contará con dos pilares de vital importancia: el primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030, y de la Estrategia de Transición Justa, que también han recibido luz verde en el último Consejo de Ministros.
El Gobierno prevé una movilización de recursos muy definida: a partir de 2020 los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30 % a medidas de acompañamiento para la transición justa.
Objetivos en dos ventanas temporales
El anteproyecto cuenta con dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.
De este modo, para 2030 la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20 % con respecto a 1990; generar el 70 % de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía proceda de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35 % respecto a un escenario tendencial. Se trata de un desafío enorme ya que en los últimos cuatro años España ha sido el país de la UE donde más han aumentado las emisiones.
En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la UE, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90 % con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100 % renovable.
Energías renovables, vector clave
El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables, por lo que se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá revisarse pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 MW al año.
Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada con distintas tecnologías de generación.
Apuesta por la movilidad sostenible
En España, el transporte es el responsable de más del 26 % de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1 % de las de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud. Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes y sostenoble, el anteproyecto establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.
En desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre.
Entre otras actuaciones, el Gobierno elaborará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, y también se creará una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos en el ámbito de la movilidad.
Asimismo, para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW.
Criterios en la contratación pública
Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal.
En una clara señal al sector inmobiliario, las Administraciones y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación (CTE). Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.
El cambio climático, con reconocimiento en una ley
La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Como novedades más relevantes, se señala que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrollará mediante Programas de Trabajo que se aplicarán en periodos de cinco años y cuyos resultados serán revisados periódicamente. Esas revisiones se tomarán como referencia para preparar las propuestas a incluir en el siguiente Programa. El Plan Nacional de Adaptación también se desarrollará mediante planes sectoriales.
Por otro lado, en el capítulo de la educación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional revisará los distintos itinerarios formativos y de habilitación profesional. El texto del anteproyecto contempla la elaboración de un Plan de Formación para impulsar el empleo en los sectores que serán motores de crecimiento económico en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.
Documento para participación pública en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: https://bit.ly/2IBeYfD.