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El Ejecutivo elimina el impuesto al sol y reconoce el derecho al autoconsumo sin cargos

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética, que incluye esta propuesta y dos disposiciones de normativa fiscal con el objetivo de moderar la evolución al alza de los precios en el mercado mayorista de electricidad.

El Gobierno, en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 5 de octubre, aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética con los objetivos, entre otros, de frenar la actual subida de los precios de la electricidad y aumentar la protección de los consumidores. Así, en esta norma se elimina el llamado "impuesto al sol" y se reconoce legalmente el autoconsumo compartido, entre otras propuestas.

Impulsado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, suprime una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España.

Así, la nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kW; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, la norma deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el "impuesto al sol".

Moderar los precios de la electricidad

Por otro lado, como medida de choque ante la subida del precio de la luz en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad.
En primer lugar, se suspende el impuesto del 7 % a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal denominado 'céntimo verde'. Este gravamen, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista.

Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5 euros para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh (se contempla en ambos casos una potencia contratada de 4,6 kW).

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico, se eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año.

Por último, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico –que, en definitiva, equivale a garantizar que no se tengan que incrementar los peajes y cargos que pagan los consumidores–, se introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda aplicarse a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019.

Prórroga para entrada en funcionamiento de plantas renovables

El Real Decreto-Ley aprobado incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018.

Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. Ello evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.

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