La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denuncia que en España el régimen sancionador sigue parado sine die en el Congreso de los Diputados; incluso el 25 de septiembre volvió a paralizarse “de forma inexplicable”.
La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas, en el que pone de manifiesto que las sanciones administrativas a aquellas compañías que incumplan los plazos de pago son un medio eficaz para apoyar la aplicación de la legislación, tal como ha reclamado siempre la la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
En este sentido, la Plataforma denuncia que en España el régimen sancionador sigue sine die parado en el Congreso de los Diputados, cuando incluso el pasado 25 de septiembre “se paralizara de forma inexplicable”.
La Ley que comprende un sistema de multas de más de 800.000 euros para los que incumplan los plazos legales de pago en España estaba previsto que se aprobara antes del verano. Sin embargo, con el cambio de Gobierno se crearon otras comisiones con otros integrantes, retrasándose a septiembre. Debido a esto, “ya no se ha podido cumplir el compromiso de que el régimen sancionador esté en marcha este año”, critica Antoni Cañete, presidente de la PMcM, quien añade que la organización estará pendiente de la ponencia que se constituirá esta semana en el Congreso.
Beneficios de un régimen sancionador
Según el estudio que ha elaborado la Comisión Europea, que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor se enfrente al deudor, esto es, a su cliente. Es por ello que algunos países ya los utilizan de manera general o bien de manera sectorial. Asimismo, la Comisión Europea recomienda su publicación, para incrementar su efecto disuasorio y contribuir a la transparencia del sistema.
Cambio de cultura para reducir la morosidad
El organismo europeo ofrece en su análisis diferentes estrategias para actuar contra la morosidad en los diversos Estados miembro. Entre las medidas preventivas propone el endurecimiento de los términos legales que afecten a los pagos, especialmente en los sectores más vulnerables, y la creación de organismos de observación, seguimiento y control de las prácticas de pago, como podría ser un Observatorio de la Morosidad.
Como medidas correctivas, considera también de especial importancia la existencia de sistemas alternativos a la mediación de conflictos, ágiles y baratos.
Finalmente el informe de la Comisión Europea aboga por tomar iniciativas que ayuden al cambio de la cultura empresarial en materia de plazos de pago, tales como los Códigos de Buenas Prácticas, la inclusión de los plazos de pago a proveedores como un aspecto más de la Responsabilidad Social Corporativa y la formación de los empresarios en la gestión del crédito.
