Un informe de Greenpeace denuncia que España es el país que más tipos de pagos por capacidad tiene de Europa, unas subvenciones concedidas para que las centrales (térmicas, ciclos combinados) estén disponibles, generen o no electricidad.
España es el país que más tipos de pagos por capacidad tiene de Europa, el que más subvenciona a las centrales con ‘energías sucias’ (las nucleares, de carbón, gas y fuel), y el primero que empezó a concederlas, según un informe elaborado por Greenpeace. Esta organización pone de relieve que esta partida supone cada año unos 800 millones incluidos en la factura eléctrica (si calculamos la media de los últimos diez años).
En este trabajo se refleja que entre 1998 y 2007, el Gobierno ya repartía entre todas las instalaciones un importe mensual (“Garantía de potencia”) que, en este período, costó cerca de 10.000 millones de euros a la ciudadanía. La cantidad total que se ha acumulado alcanza casi 18.000 millones en los últimos veinte años.
“Estas ayudas permanentes a las centrales para que estén disponibles son otorgadas independientemente de si generan o no electricidad. Esto se traduce en que, en la práctica, hay centrales que están totalmente paradas y vierten cero kilovatios a la red”, señalan en la organización ecologista.
Según datos de Red Eléctrica Española (REE), las centrales de ciclos combinados funcionaron el año pasado el 16,7 % de su capacidad total, y las centrales de carbón lo hicieron el 56,9 % de las horas posibles. “La España de las infraestructuras fantasma también tiene autopistas energéticas por las que no pasa nadie”, subrayan desde Greenpeace.
Las estimaciones de demanda desorbitadas y los permisos descontrolados, entre otros factores, han dado como resultado que “en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda”. La potencia instalada es de más 104.000 MW, y solo en determinados días de invierno o verano la demanda supera los 40.000 MW.
Avisos desde Europa
La Comisión Europea en 2017 abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de “inversión medioambiental”. El Gobierno ha otorgado desde 2007 unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental y puedan cumplir la ley de emisiones contaminantes.
En este sentido, la Comisión Europea advierte que podrían ser ilegales porque estas ayudas no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras. “A día de hoy se desconoce si las eléctricas que recibieron dichas ayudas las van a devolver”, resaltan en Greenpeace.
