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FENIE denuncia la anómala cifra de licitaciones antes de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos

Las distintas Administraciones Públicas multiplicaron por diez sus licitaciones justo un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público (9 de marzo) para así aprovechar la legislación anterior, menos rigurosa en derechos laborales, morosidad o sostenibilidad.

"El 8 de marzo, último día antes de que entrase en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y aprovechándose las diferentes administraciones del revuelo social y mediático del Día de la Mujer (...), salieron a licitación más de 2.500 concursos públicos, diez veces más de lo que era habitual en un día normal", han denunciado desde el sindicato USO y se ha criticado también desde FENIE.

La Federación Nacional de empresarios instaladores cita a el diario El Periódico, que detalló el pasado 20 de marzo que "ministros, consejeros autonómicos, rectores, directores generales y otros ejecutivos públicos con presupuesto en las manos aprovecharon al límite la última oportunidad para contratar barato y sin las restricciones que impone la nueva ley". Esta actuación dice muy poco en favor del espíritu de cumplimiento de esta norma que muestran los representantes públicos, una regulación que proviene, además, de la transposición de las Directivas Europeas.

La nueva ley de contratación pública, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, introduce elementos de responsabilidad social, de ciclo de vida, criterios medioambientales y de eficiencia energética, solvencia, morosidad y reutilización de residuos en la contratación pública. Tal como se estipula en su redactado, la nueva ley establece que "los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio a la hora de valorar las ofertas de las empresas", señalan desde USO. 

En este sentido, FENIE considera estos hechos como "un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas –muchas de las cuales componen su tejido estructural–, que solo beneficia a las grandes compañías". La Federación lamenta que se haya actuado de una forma "tan reprochable" y crítica al Gobierno por dar cobertura a este tipo de acciones, alejadas de los objetivos de transparencia y buena praxis el ámbito de las contrataciones públicas que define la nueva ley.

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