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La CNMC eleva al Supremo un recurso para recuperar las funciones arrebatadas por el Gobierno

La Comisión de la Competencia interpone ante el Alto Tribunal un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017 sobre la reordenación del Ministerio de Energía, que le arrebató diversas funciones tales como la fijación de los peajes eléctricos.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció el pasado viernes 15 de diciembre que había interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El citado Real Decreto arrebataba diversas competencias en materia de fijación de precios del sector eléctrico a la CNMC, entre otras, que correspondían hasta el momento a este organismo y que pasaban a estar en manos del Ministerio. Las inspecciones y liquidaciones del sector eléctrico (que incluye el apartado de renovables), la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones pasaron, con la excusa de cambios en la estructura del Ministerio de Energía, de ser realizadas por la CNMC a estar bajo el ámbito del departamento que dirige el ministro Álvaro Nadal.

Más en concreto, en el caso del artículo 3 (3.1-d, 3.1-m, 3.1-ñ y 3.1-q), la CNMC recurre las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Energía sobre aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes (que sirven para establecer una parte del recibo de la luz), el análisis de precios energéticos; la inspección del cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones y el ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia energética, entre otros, tal como han resaltado desde la agencia Efe.

De este modo, sigue el enfrentamiento entre la CNMC y el Ministerio de Energía que ha llegado hasta Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra España –aún no resuelto–, debido a que la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico debe estar a cargo de un regulador independiente y no del Gobierno, tal como establece la Directiva Europea.

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