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Javier García Breva (segundo por la izda.), junto a Mariano González, responsable de la Campaña de cambio climático y transporte de Greenpeace, Rafael Barrera, director general de ANPIER, y África Orenga, directora de Imedia, editora del Informe IPM.
Javier García Breva (segundo por la izda.), junto a Mariano González, responsable de la Campaña de cambio climático y transporte de Greenpeace, Rafael Barrera, director general de ANPIER, y África Orenga, directora de Imedia, editora del Informe IPM.

El efecto del cambio climático puede suponer una pérdida del 3% de la riqueza nacional

Javier García Breva explica, en un informe sobre la repercusión en la política energética española del Acuerdo de París 2015, que es preciso elaborar una nueva regulación eléctrica y ambiental para cumplir este compromiso internacional.

Elaborar una nueva regulación eléctrica y ambiental que anteponga los objetivos climáticos a la política económica es un condición ineludible para poder cumplir el Acuerdo de París es la principal conclusión del nuevo Informe IPM confeccionado por Javier García Breva, que fue presentado el pasado 22 de junio en Madrid. Desde el año 2000 las emisiones de CO2 por el uso de la energía crecieron en España un 38% mientras en la UE-15 se redujeron un 12,7%.

En palabras de García Breva, “el modelo energético ha de estar pensado para el consumidor y no para las corporaciones energéticas”. El Informe IPM “Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española” revela que España se encuentra muy alejada del objetivo al que se ha comprometido.

Así, España sólo podrá cumplir el acuerdo que ha firmado en la ONU cambiando su política energética incluyendo las siguientes cinco medidas: multiplicar por tres la potencia renovable integrándola en el urbanismo y transporte dando más competencias a los ayuntamientos, impulsar la rehabilitación energética a escala de ciudad, electrificar el transporte, sustituir la política de regalar derechos de CO2 y establecer un regulador independiente del medioambiente.

“El impacto del cambio climático en España puede suponer una pérdida del 3% de la riqueza nacional”, añadió Javier García Breva, ya que en el caso de nuestro país existe una relación directa entre dedicar el 4% del PIB a importar hidrocarburos y el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como consecuencia, reducir el consumo de combustibles fósiles debe ser el primer objetivo de la política energética. Las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático representan el factor de competitividad más importante para impulsar la economía y el empleo, resaltó.

La presentación de este informe se realizó en la sede permanente de la Comisión Europea en Madrid coincidiendo con el anuncio del Premio Princesa de Asturias a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París.

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